El quinto informe de Alfredo Ramírez Bedolla destaca avances en vigilancia forestal, áreas protegidas y recuperación de cuerpos de agua. Sin embargo, los datos sobre expansión aguacatera, pérdida forestal, justicia ambiental y presión sobre las cuencas muestran que el deterioro del territorio continúa y obligan a revisar qué tan efectivos han sido esos resultados. / Michoacán presenta “avances ambientales”, pero sin frenar el deterioro
Uitzume, el perro del lago
Michoacán presenta “avances ambientales”, pero sin frenar el deterioro
El balance ambiental del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla presenta una narrativa que destaca que su administración ha colocado la vigilancia forestal, la conservación y la recuperación de cuerpos de agua entre sus principales acciones.
El quinto informe de gobierno de Ramírez Bedolla destaca herramientas como “Guardián Forestal”, el incremento de la superficie bajo esquemas de protección, los trabajos de recuperación del lago de Pátzcuaro y las acciones en distintas cuencas del estado.
Pero esos resultados deben leerse frente a otros indicadores.
En los últimos años, Michoacán ha mantenido una fuerte presión sobre sus bosques, particularmente por la expansión del aguacate; mientras que la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar delitos ambientales continúa siendo limitada.
La revisión de estos datos permite separar lo que reporta el gobierno de lo que todavía necesita demostrarse en el territorio.
LO QUE REPORTA EL GOBIERNO
El gobierno estatal presenta a la plataforma satelital “Guardián Forestal” como una de las principales herramientas para combatir la deforestación y detectar cambios de uso de suelo.
El sistema utiliza información satelital para identificar pérdida de cobertura forestal y generar denuncias que son canalizadas a las autoridades correspondientes.
Ramírez Bedolla reporta un incremento de las superficies bajo protección ambiental y coloca la recuperación de cuerpos de agua como otro de los resultados de la política ambiental estatal.
Entre los proyectos más visibles está el lago de Pátzcuaro, donde el gobierno sostiene que los trabajos de desazolve, limpieza de canales y recuperación de manantiales han permitido recuperar superficie del lago.
Además, la administración también reporta acciones de reforestación y programas de recuperación de cuencas como la del Río Duero.
Son, desde la visión oficial, institucional y gubernamental, los resultados que muestran un aumento de la “política pública” en materia ambiental.
Pero no todos esos indicadores permiten medir por sí mismos si el deterioro ambiental disminuyó.
AGUACATE: EL INDICADOR QUE OBLIGA A MIRAR EL TERRITORIO
El caso del aguacate es fundamental para evaluar el balance ambiental de la administración. Y es que no hay que olvidar que un estudio del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM documentó que las plantaciones de aguacate en Michoacán pasaron de 13 mil hectáreas en 1974 a 266,109 en 2024.
El estudio señala que la expansión no se detuvo en los últimos años. Entre 2018 y 2024 las huertas aumentaron en promedio unas 8,500 hectáreas cada año. El estudio también documenta que, durante las últimas décadas, una parte importante de esa expansión avanzó sobre zonas boscosas.
Esto coloca un indicador concreto frente al discurso de protección forestal porque uno de los datos que debería reportar el Gobierno de Michoacán, y que son necesarios conocer, son ¿cuántas hectáreas dejaron de cambiar de uso de suelo? ¿cuántas fueron restauradas? ¿cuánto disminuyó efectivamente la pérdida de bosque?
“GUARDIÁN FORESTAL”: DETECTAR NO ES SANCIONAR
Para el gobierno de Michoacán, la plataforma satelital, llamado “Guardián Forestal”, operado por la empresa privada “Innovaciones Tecnológicas”, representa un avance en la capacidad para detectar cambios en el territorio.
Pero su propio funcionamiento muestra el límite de la herramienta.
En entrevista con en15dias, Heriberto Padilla, director del sistema de monitoreo, reportó 330 denuncias ante Profepa y 381 ante la Fiscalía Ambiental estatal.
También explicó que el sistema puede identificar el problema, generar las coordenadas y enviar la denuncia, pero que el seguimiento posterior depende de las instituciones responsables. Según Padilla, “Guardián Forestal” no recibe información suficiente sobre qué ocurre después con las investigaciones.
Por eso la frase que resume esta limitación es la que da título a nuestro reportaje: “Guardián Forestal es un termómetro, no el paracetamol”.
El sistema permite conocer dónde está la fiebre ambiental, pero no demuestra, por sí mismo, que la enfermedad haya sido atendida.
El propio Padilla señaló además que entre 2,800 y 3,000 huertas en Michoacán y Jalisco estaban bloqueadas para exportación por los criterios del sistema.
Aquí aparece otro dato que debería formar parte del balance oficial: ¿cuántas de esas huertas fueron sancionadas por las autoridades?, ¿cuántas regularizaron su situación?, ¿cuántas recuperaron el acceso al mercado?, ¿cuántas hectáreas fueron restauradas?
Sin esas respuestas, el número de alertas o huertas bloqueadas mide actividad del sistema, pero no necesariamente recuperación ambiental.
JUSTICIA AMBIENTAL: EL CUELLO DE BOTELLA
La procuración de justicia es otro de los indicadores que debe incorporarse al balance.
Datos de la Fiscalía General del Estado publicados por en15dias muestran que entre 2018 y el periodo analizado se registraron 2,003 expedientes por delitos ambientales. De ellos, 353 fueron judicializados y únicamente ocho llegaron a sentencia; seis fueron condenatorias.
El dato modifica la lectura sobre las denuncias.
Una política ambiental puede aumentar la capacidad para detectar daños, pero si las investigaciones no llegan a sentencia, la capacidad de sanción sigue siendo limitada.
Por eso, para evaluar “Guardián Forestal” y la política ambiental de Bedolla no basta conocer cuántas denuncias fueron presentadas.
Se necesita conocer cuántas investigaciones avanzaron, cuántas terminaron en sanción y cuántos daños fueron reparados.
AGUA: RECUPERAR SUPERFICIE NO EQUIVALE A RECUPERAR UNA CUENCA
La recuperación del lago de Pátzcuaro es presentada por el gobierno como uno de los principales resultados ambientales de la administración.
Sin embargo, la recuperación de superficie de agua debe acompañarse de otros indicadores.
En los cuerpos de agua de Michoacán persisten problemas relacionados con deforestación, cambio de uso de suelo, extracción, contaminación y reducción de escurrimientos.
El caso del lago de Zirahuén muestra la dimensión del problema. Comunidades indígenas han documentado una reducción estimada de entre 25 y 40 por ciento de su volumen en los últimos 50 años, además de señalar la existencia de 2,252 hectáreas de aguacate, 1,645 hectáreas de bosque deforestadas entre 2001 y 2024 y 237 hoyas de captación.
Estos datos muestran que la política hídrica no puede medirse solamente por obras de desazolve, limpieza o recuperación de superficie.
También debe responder qué está ocurriendo en las partes altas de las cuencas, quién extrae el agua y qué actividades están modificando la capacidad de captación e infiltración.
ÁREAS PROTEGIDAS: SUPERFICIE NO SIGNIFICA BLINDAJE
El gobierno también presenta como resultado el crecimiento de las Áreas Naturales Protegidas.
El aumento de superficie bajo protección es un indicador relevante, pero no demuestra por sí mismo que esos territorios estén efectivamente protegidos.
Para medir su eficacia se necesitan datos sobre vigilancia, cambio de uso de suelo, incendios, presupuesto, personal, denuncias y cumplimiento de los programas de manejo.
El gobierno de Michoacán debe responder ¿Cuántas de esas hectáreas están realmente blindadas frente a las actividades que presionan el territorio?
Así que el balance realizado por el gobierno de Michoacán, queda corto ante la realidad del territorio. Según la narrativa oficial hay más monitoreo satelital, más superficie bajo esquemas de conservación, proyectos de recuperación de cuerpos de agua y acciones de vigilancia, sin embargo, los datos disponibles de la realidad muestran que la presión sobre el territorio continúa.
El aguacate siguió expandiéndose hasta 2024; “Guardián Foresta”l detecta miles de posibles afectaciones, pero su director reconoce los límites del seguimiento institucional; y la Fiscalía muestra una diferencia amplia entre los expedientes ambientales registrados y los casos que llegan a sentencia.
Por eso, el balance ambiental de la administración no debería quedarse en el número de hectáreas protegidas, árboles plantados, denuncias generadas o cuerpos de agua intervenidos.
Hace falta conocer qué cambió en el territorio ¿Cuánto bosque se conservó? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuántas huertas dejaron de avanzar sobre zonas forestales? ¿Cuántas denuncias terminaron en sanciones? ¿Cuántos daños fueron reparados? ¿Cuánta agua recuperaron realmente las cuencas?
Y, sobre todo, si la capacidad del Estado para detectar el deterioro ambiental finalmente se convirtió en capacidad para detenerlo. Veremos.
