La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) en las que están integradas las comunidades de Michoacán del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Santa María Ostula, Comunidad de Cherán, Comunidad de Comachuén, Carapan y Cheranatzicurín, “un enérgico llamado” al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla “para que se respete el derecho a la libre determinación de las comunidades autónomas del Estado de Michoacán”.
Redacción con información de ALDEA y Comunidad de Ostula
Foto portada: Comunidad de Ostula
El pasado 6 de septiembre, durante su conferencia de prensa semanal, el gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró, que su gobierno “está empeñado en dejar a Michoacán libre de barricadas que aparte de ser ilegales obstruyen el libre paso de los ciudadanos”.
En su declaración puso énfasis en el municipio de Aquila, al que pertenece la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula; ahí el gobernador señala y reitera que “en las barricadas se resguardan presuntos autodefensas o civiles que están al margen de la ley”.
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Ante estas declaraciones, la alianza, compuesta por comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 14 estados de la República y la comunidad de Santa María Ostula exigió respeto al gobernador michoacano.
8 DE SEPTIEMBRE / COMUNIDAD DE OSTULA SE MANIFIESTA
El 8 de septiembre la comunidad indígena de Santa María Ostula respondió al gobernador, mediante un comunicado, donde señala que “la guardia comunal no impide el libre transito ni en ella coexisten grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las familias, señalando que nuestra comunidad indígena, a través de sus órganos autónomos de gobierno, faculta a la guardia comunal para brindarnos la seguridad en nuestro territorio”.
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Este 14 de septiembre, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) en las que están integradas las comunidades de Michoacán del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Santa María Ostula, Comunidad de Cherán, Comunidad de Comachuén, Carapan y Cheranatzicurín, mediante un comunicado, a no estigmatizar ni criminalizar a la comunidad.
“Exhortamos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a respetar la libre determinación de los pueblos indígenas y le pedimos evitar declaraciones que difamen o estigmaticen a quienes defienden el territorio y los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
Señalaron que la Guardia Comunal de Ostula está facultada por la asamblea de comuneros y comuneras, máxima autoridad agraria y tradicional, por lo que es una organización autónoma, “que ha sabido garantizar la seguridad de la comunidad ante la falta de garantías por parte de las autoridades federales, y estatales”.
“Hoy podemos asegurar que Santa María Ostula es de las zonas más seguras del país; gracias a la legítima organización comunitaria se vive un clima de paz y han quedado atrás los tiempos de violencia y terror”, se señala en un comunicado.
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VIOLENCIA Y OMISIÓN DEL ESTADO
La terrible situación de violencia que se vive en el Estado de Michoacán no es nueva: desde el año 2009 y hasta el 2014 la comunidad de Santa María Ostula sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el presunto contubernio entre la marina armada de México y el cartel de los caballeros templarios.
Esta situación derivó en 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y líderes comunales, lo anterior a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad.
Ante estos hechos violentos y lamentables la comunidad indígena de Santa María Ostula decidió organizarse y reconstituir su guardia comunal para preservar derechos humanos y garantías fundamentales como son el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.
“Por ello, desde la ALDEA exigimos al gobierno de Michoacán el respeto al derecho a la libre determinación y a la autonomía, así como el respeto a los sistemas normativos y las formas de seguridad propias de la comunidad de Santa María Ostula”.
Exigieron que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco de sus facultades exhorten a las autoridades del Estado de Michoacán a “evitar cualquier acto de estigmatización, criminalización y hostigamiento en contra de dicha comunidad y aseguren un clima de protección y garantía para el ejercicio de su autogobierno y de su seguridad propia”.
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