Informe “Bajo la Bota”
Derechos Humanos

Informe “Bajo la Bota”, militarización de la política migratoria en México

El informe “Bajo la Bota” documentó –a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública– la realidad desoladora que viven en el día a día las personas que intentan solicitar asilo en México o atravesar este país, en su búsqueda de una vida mejor en Estados Unidos.

“A casi tres años de que se incrementara la participación de los militares para contener el flujo migratorio, el saldo en términos de derechos humanos es devastador”, aseguraron organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes, quienes trabajaron juntos por más de un año para visibilizar la violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes.

El informe “Bajo la Bota” documentó –a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública– la realidad desoladora que viven en el día a día las personas que intentan solicitar asilo en México o atravesar este país, en su búsqueda de una vida mejor en Estados Unidos.


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México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y de otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria y el derecho internacional de los derechos humanos.

La política migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgo de las personas migrantes, y solicitantes de asilo y protección internacional, especialmente de quienes están en mayor vulnerabilidad por razones de género, racialidad y etnicidad.

Además, obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas haciéndoles más vulnerables a distintos tipos de violaciones a derechos humanos y delitos, como lo son: desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.

Informe “Bajo la Bota”, militarización de la política migratoria en México


Detenciones arbitrarias e ilegales

Una de las cuestiones que más nos preocupan, como organizaciones civiles que acompañamos y defendemos a la población migrante, es el hecho de que la Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

En Tijuana (Baja California) y Tapachula (Chiapas), por ejemplo, documentamos situaciones de personas migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas detenidas arbitrariamente, a través del uso de perfiles raciales, las cuales se suman a un contexto de narrativas xenofóbicas y otras formas de discriminación.

Las mujeres afrodescendientes e indígenas, provenientes de entornos de extrema pobreza son víctimas de discriminación interseccional, derivada de abusos que involucran aspectos étnico-raciales, de género y de clase.


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Uso excesivo de la fuerza

La Guardia Nacional, junto al Instituto Nacional de Migración, ha hecho uso excesivo de la fuerza contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas en situación de vulnerabilidad.

“Es absolutamente injusto que después de los hechos, pasé semanas encerrada, con miedo. Cuando ellos [los Guardias Nacionales] son quienes deberían estar encerrados. Es terrible que, además, yo deba tener miedo de quienes supuestamente nos deben proteger como ciudadanas”:


Betty, mujer migrante haitiana.

En este informe se documenta que la Guardia Nacional ha incumplido sus obligaciones respecto al uso de la fuerza, cuando sus agentes han realizado controles y detenciones de personas migrantes y solicitantes de asilo, especialmente en el contexto de las “caravanas migrantes”, que son grupos masivos de personas migrantes y en necesidad de protección internacional que transitan por Centroamérica y/o México con la intención de protegerse de los riesgos y abusos en la ruta migratoria.


Violencia sexual

Las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, han sido víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Los casos no son aislados, sino que, por el contrario, estos actos de violencia ejercidos por la Guardia Nacional y los agentes del INM son cada vez más comunes en los procesos de control, verificación y detención migratoria, y demuestran el incumplimiento del Estado Mexicano de respetar los derechos de las mujeres migrantes, quienes se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad debido a la intersección de múltiples factores de discriminación estructural.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional las revisiones por parte del Instituto Nacional de Migración en operativos móviles, pues atentan contra el derecho de circulación de las personas migrantes. Esta prohibición deberá abarcar cualquier otra fuerza policial o de corte militar.


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Recomendaciones Bajo la Bota:

Al gobierno mexicano:

● Cese de la participación de las fuerzas militares en tareas migratorias;

● Eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes;

○ En particular, ninguna niña, niño o adolescente ni personas solicitantes de asilo deberían ser privadas de su libertad.

● Derogar acuerdos migratorios o cualquier clase de acuerdo con Estados Unidos que atenten contra el derecho internacional de las personas refugiadas y el derecho internacional de los derechos humanos.

● Respetar el principio internacional de no devolución.

Al gobierno de Estados Unidos:

● Cesar la aplicación de toda política migratoria y de relaciones exteriores en la región que se centre en la contención migratoria, mediante la detención y el uso de la fuerza y políticas de “externalización” del control migratorio.

● Evitar de manera absoluta exigir, alentar, acordar o apoyar la participación de fuerzas militares en tareas de control migratorio en otros países de la región.

● Participar de manera coordinada con otros gobiernos de la región en esfuerzos por garantizar la seguridad de las personas migrantes, solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional.

● El Congreso estadounidense debe evaluar las consecuencias que ha traído para la región impulsar acuerdos migratorios que violan las reglas internas de los países que los suscriben


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