Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana 25 del 15 al 21 de junio de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 25 del 15 al 21 de junio de 2026
Por: en15dias.com
PRESENTAN QUEJA ANTE CEDH
Esta semana, una decena de representantes de vecinos de las “Colonias Unidas de Santa María”, integrado en uno de los tres grupos en lucha, interpusieron una queja formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra del Ayuntamiento de Morelia y la Dirección de la Policía Municipal, tras el desalojo policiaco del que fueron objeto durante la madrugada de este viernes en la planta potabilizadora de Vista Bella.
De acuerdo con el recurso presentado ante el organismo defensor, los afectados argumentan violaciones graves al derecho a la libre manifestación, a la seguridad jurídica y, de manera particular, el uso excesivo de la fuerza pública por parte de los elementos municipales.
Uriel Sánchez vocero de este grupo relató que el despliegue policial se ejecutó con una abierta intención de amedrentamiento para disolver la protesta pacífica que mantenían en la infraestructura hídrica, la cual mantenían tomada en rechazo al dictamen del Cabildo que extinguió su Junta Local de Agua Potable para ceder la administración al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS).
Mientras los vecinos sostienen que la incursión nocturna se basó en la intimidación y amenazas físicas para obligarlos a retirarse, las autoridades municipales defienden la legalidad del acto.
El secretario de Seguridad de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, rechazó los señalamientos de represión y afirmó que la liberación de la planta se logró mediante la concertación, argumentando que la prioridad del ayuntamiento era salvaguardar la infraestructura y garantizar el suministro del líquido para el resto de la ciudad. Tras el operativo, el sitio quedó blindado con vallas metálicas.
Con la queja ante la CEDH, el busca que se emitan medidas cautelares para frenar futuros actos de intimidación institucional.
Este choque no solo fracturó la relación entre el ayuntamiento y la tenencia, sino que ha acelerado los debates internos entre las asambleas locales de Santa María para iniciar formalmente una ruta legal que les permita “transitar hacia el modelo de autogobierno y presupuesto directo, blindando la gestión de sus recursos hídricos bajo un esquema de autonomía comunitaria frente a la centralización del OOAPAS”.
“GESTIÓN VERDE” DEL TERRITORIO EN MICHOACÁN
Vaya, vaya… esta semana se realizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Forestal Estatal de Michoacán. Entre los temas se tocaron la restauración productiva, sistemas silvopastoriles, cadenas de valor sostenibles y financiamiento climático bajo esquemas como REDD+ y el Fondo Verde del Clima.
El secretario del Medio Ambiente y notario público con licencia, Alejandro Méndez López, colocó sobre la mesa una narrativa donde la conservación de los bosques se articula con la competitividad productiva y la reconversión del uso del suelo.
En el centro de la propuesta aparece la idea de intervenir las zonas de transición entre bosques y ganadería mediante la “restauración ecológica” con producción de forraje. Es decir, reorganizar el territorio bajo esquemas de “uso sostenible” que buscan compatibilizar la lógica ambiental con la productiva.
En la misma sesión se dio la presentación del programa de certificación de buenas prácticas ambientales del cultivo de aguacate, uno de los sectores más dinámicos, y también más conflictivos, en la reconfiguración territorial del estado. Sin embargo, las instancias que participaron no informaron los detalles de qué se presentó como los alcances, retos, obstáculos y demás.
El discurso institucional insiste en la coordinación, la sostenibilidad y la acción climática. Sin embargo, en la práctica, estos marcos conviven con un modelo productivo que continúa expandiéndose sobre zonas forestales y de recarga hídrica, donde la frontera entre conservación y aprovechamiento se vuelve cada vez más difusa.
Los instrumentos de certificación, financiamiento climático y restauración productiva operan como dispositivos de gestión que buscan ordenar, más que frenar, esas dinámicas.
Más que una ruptura con el modelo extractivo-agroexportador, lo que se observa es su reconfiguración bajo un lenguaje ambientalizado. La conservación se vuelve gestión productiva del territorio, y la restauración, una herramienta para estabilizar, no necesariamente cuestionar, las dinámicas económicas que ya están transformando los ecosistemas michoacanos.
AUTOPISTA Y REORDENAMIENTO TERRITORIAL AGROEXPORTADOR
Vaya, vaya… Esta semana en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que en la llamada “autopista de la agroexportación”, proyecto estratégico del Gobierno de Michoacán, ya se invierten más de 13 mil millones de pesos.
Y es que la autopista no es solo una obra carretera; es una pieza más dentro de un reordenamiento territorial más amplio que ha venido consolidándose en Michoacán en las últimas décadas.
Su función no se limita a mejorar la conectividad entre Uruapan y Zamora, sino a fortalecer la infraestructura que sostiene al agronegocio de exportación, especialmente en corredores donde se concentra la producción de aguacate y otros cultivos intensivos.
En ese sentido, el proyecto se integra a una lógica de desarrollo que prioriza la eficiencia logística para las cadenas globales de valor, conectando zonas productivas con el puerto de Lázaro Cárdenas y los principales mercados del Bajío y Guadalajara. La inversión pública en infraestructura carretera termina así articulándose con un modelo económico ya dominante en el estado.
Este proceso, sin embargo, no es neutro en términos territoriales. La expansión de la agroindustria de exportación ha estado asociada a cambios acelerados en el uso de suelo, deforestación en zonas forestales y de recarga hídrica, así como una creciente presión sobre el agua en distintas cuencas. La intensificación productiva también ha implicado el uso extendido de agroquímicos, con impactos acumulativos en suelos, cuerpos de agua y ecosistemas.
A ello se suman transformaciones menos visibles, pero igualmente profundas: cambios en las formas de organización rural, en las economías comunitarias y en la relación histórica de pueblos y comunidades con el territorio. La expansión de un modelo intensivo en tierra, agua y recursos naturales no solo reconfigura el paisaje físico, sino también el tejido social.
En este contexto, la autopista debe entenderse como parte de una infraestructura que no solo conecta territorios, sino que también los reordena bajo una lógica de exportación, aceleración productiva y mayor integración a mercados externos, con costos ambientales y sociales que se distribuyen de forma desigual en el territorio.
RECONOCIMIENTO PÓSTUMO AL MÉRITO AMBIENTAL EN MICHOACÁN
Esta semana, el Congreso de Michoacán entregó de manera póstuma el Reconocimiento al Mérito Ambiental “Homero Gómez”, distinción creada por la 76 Legislatura para reconocer acciones en favor del medio ambiente en el estado. El galardón fue otorgado a la familia del activista Homero Gómez González
AUTOGOBIERNO Y TENSIONES INTERCOMUNITARIAS EN MICHOACÁN
Vaya, vaya… mientras el gobierno celebra que Pómaro se suma como la comunidad indígena número 52 en transitar al autogobierno, el proceso avanza como una política de reconocimiento de la autodeterminación, pero también como un nuevo reordenamiento institucional del territorio que empieza a mostrar tensiones menos visibles en el discurso oficial.
El modelo de autogobierno, basado en el ejercicio directo del presupuesto y la toma de decisiones comunitarias basadas en ello, ha sido presentado como un avance histórico en materia de derechos indígenas y gestión local.
Sin embargo, en el propio debate interno y en el análisis de sus implicaciones territoriales, empieza a emerger una dimensión que no puede pasarse por alto: la reconfiguración de las relaciones entre comunidades vecinas y la posible aparición de conflictos intercomunitarios por recursos, límites y acceso a beneficios diferenciados.
Como ha señalado la doctora Carmen Ventura en en15dias.com, este tipo de procesos no ocurre en el vacío: la transferencia de recursos y atribuciones a una comunidad específica puede alterar equilibrios históricos en territorios donde los bienes comunes como agua, bosque, tierras de uso colectivo, están profundamente interconectados entre localidades. La autonomía administrativa, en ese sentido, no elimina automáticamente las disputas territoriales; en algunos casos, puede reordenarlas o incluso intensificarlas.
En regiones con alta fragmentación municipal y fuerte presión sobre recursos naturales, el autogobierno puede convertirse en un nuevo eje de diferenciación interna: comunidades con presupuesto directo frente a otras que permanecen bajo esquemas municipales tradicionales, generando asimetrías en infraestructura, servicios y capacidad de gestión territorial.
El punto crítico no es la autodeterminación en sí misma, sino el contexto en el que se implementa: territorios atravesados por conflictos agrarios, presiones extractivas, disputas por el agua y procesos de cambio de uso de suelo. En ese escenario, la reorganización política puede superponerse a tensiones preexistentes y abrir nuevas líneas de fricción entre comunidades.
El autogobierno se está desplegando como una transformación territorial compleja, donde la autonomía también implica nuevos desafíos de coordinación, negociación y posible conflicto entre pueblos que comparten un mismo territorio ecológico pero empiezan a administrarlo de manera diferenciada.
INFORMACIÓN NACIONAL…
TOPOLOBAMPO: CONFLICTO POR PLANTA DE GPO ESCALA A LAS CALLES
Vaya, vaya… esta semana el conflicto por la construcción de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, dejó los documentos judiciales y ambientales para trasladarse al territorio. El arribo de estructuras industriales al puerto y su traslado hacia el sitio del proyecto detonó una nueva etapa de resistencia comunitaria encabezada por pescadores, habitantes de la bahía y comunidades yoreme-mayo.
El lunes 15 de junio, pobladores observaron el ingreso de grandes estructuras metálicas destinadas a la planta, identificadas por algunos habitantes como “misiles” por sus dimensiones. El movimiento de maquinaria fue interpretado por las comunidades como el inicio de una fase de construcción más visible, después de años de disputa legal y social alrededor del proyecto.
Un día después, integrantes del colectivo ¡Aquí No!, pescadores y comunidades indígenas instalaron un bloqueo en los accesos a la planta para impedir el ingreso de los componentes industriales. La protesta se mantiene bajo la exigencia de detener el avance del proyecto y revisar los impactos ambientales, sociales y territoriales asociados a la instalación industrial.
Durante la semana, la oposición también trasladó sus reclamos al ámbito internacional, con llamados dirigidos a instituciones financieras alemanas y suizas involucradas en el proyecto. Las comunidades han señalado los riesgos relacionados con la operación de una planta que contempla el manejo de sustancias como amoniaco, así como posibles afectaciones a un territorio con reconocimiento ambiental internacional por formar parte de un sitio Ramsar.
El conflicto escaló al ámbito federal luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) defendiera la vigencia de las autorizaciones ambientales del proyecto y señalara que estas derivan de los procesos de evaluación y consulta realizados previamente.
Mientras tanto, en el Senado se retomó la discusión sobre posibles reformas en materia de delitos ambientales, utilizando el caso de Topolobampo como referencia dentro del debate sobre riesgos industriales, prevención de accidentes y protección de comunidades cercanas a instalaciones consideradas de alto impacto.
Al cierre de la semana, el bloqueo comunitario acumulaba más de 72 horas y mantenía detenida la entrada de componentes clave para la obra. Científicos y especialistas de la región han advertido sobre los riesgos asociados a la ubicación del proyecto y la falta de infraestructura suficiente para responder ante una eventual emergencia química.
El caso Topolobampo vuelve a colocar en el centro una disputa recurrente en México: el choque entre proyectos industriales estratégicos para la política energética y económica nacional, y comunidades que cuestionan los costos ambientales, territoriales y de seguridad que acompañan su instalación.
SOSTENIBILIDAD DISCURSIVA Y EXPANSIÓN EXTRACTIVA EN MÉXICO
Vaya, vaya… esta semana la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, volvió a colocar en el centro del discurso oficial la idea de que “no habrá igualdad duradera sin sostenibilidad”, insistiendo en la necesidad de una transición ecológica justa como base del desarrollo en América Latina y el Caribe.
En el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la CEPAL en México, el mensaje reiteró la narrativa de cooperación regional, justicia social y protección ambiental como ejes del nuevo horizonte de desarrollo.
Y es que mientras se repite el lenguaje de la “transición ecológica justa”, la “igualdad duradera con sostenibilidad” y la “paz con la naturaleza”, en el territorio avanza en paralelo un modelo de intervención que no siempre encaja con ese discurso: el despliegue del Plan (extractivista) México y sus componentes de infraestructura, energía y agroexportación, que en la práctica reorganizan el uso del suelo y aceleran dinámicas extractivas.
El discurso ambiental institucional se presenta hoy como un marco de modernización verde, donde la justicia social y la sostenibilidad aparecen como ejes centrales. Sin embargo, en la implementación territorial, ese mismo marco convive con la expansión de proyectos que implican presión sobre ecosistemas estratégicos, intensificación del uso de agua, cambio de uso de suelo y consolidación de corredores logísticos para la exportación de materias primas y productos agrícolas.
La contradicción no es nueva, pero sí más visible: mientras se enuncia una “transición ecológica justa”, en distintos territorios del país se profundizan procesos asociados a la agroindustria de exportación, la minería, la infraestructura carretera y energética, todos ellos articulados bajo esquemas de inversión pública y privada que reconfiguran regiones completas.
En ese sentido, el discurso de sostenibilidad funciona como un lenguaje de legitimación institucional, pero no siempre como un freno efectivo a las dinámicas extractivas. La noción de “paz con la naturaleza”, por ejemplo, convive con territorios donde la presión sobre bosques, cuencas y suelos continúa creciendo, especialmente en regiones estratégicas para la agroexportación y el suministro de recursos.
El problema de fondo no es únicamente discursivo, sino estructural: la política ambiental se inserta dentro de un modelo de desarrollo que sigue dependiendo de la expansión de actividades intensivas en tierra, agua y energía. Esto genera una tensión permanente entre la narrativa de sostenibilidad y la materialidad de los proyectos que se implementan en el territorio.
Así, el llamado a la cooperación, la igualdad y la sostenibilidad se enfrenta a una realidad donde el ordenamiento territorial continúa orientándose hacia la competitividad económica, la exportación y la infraestructura asociada, dejando abiertas preguntas sobre los límites reales de la transición ecológica en curso.
EN LA POLÍTICA…
CONGRESO AUTORIZA LICENCIA A TORRES PIÑA A 11 MESES DE ASUMIR LA FISCALÍA
Vaya, vaya… apenas 11 meses después de haber tomado protesta como Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña solicitó una separación temporal del cargo. El Congreso de Michoacán avaló de manera unánime la licencia, una decisión legislativa que detonó de inmediato una estrategia coordinada de posicionamiento en el ecosistema de medios digitales de la entidad, mediante una columna de opinión replicada masivamente.
Carlos Torres Piña asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 27 de julio de 2025, en sustitución de Adrián López Solís, con un periodo proyectado de nueve años al frente de la institución.
Sin embargo, su gestión quedó suspendida a menos de un año de haber iniciado, luego de que el Poder Legislativo aprobara una licencia temporal por 45 días naturales, con 32 votos a favor y dos en contra.
La licencia entrará en vigor formalmente el 22 de junio de 2026. Durante este periodo, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez asumirá las funciones de la institución como encargado de despacho.
Y es que este movimiento ocurre en el contexto de una posible reincorporación de Torres Piña a la actividad partidista rumbo a los procesos internos de Morena para la gubernatura de Michoacán en 2027.
La salida temporal abre una serie de cuestionamientos sobre el papel que tuvo su paso por la Fiscalía y sobre si la institución fue utilizada como una plataforma de posicionamiento político. ¿Por qué no concluir un periodo para el que fue designado por nueve años? ¿Qué impacto tendrá esta interrupción en una de las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el estado?
La Fiscalía General del Estado representa una de las áreas más sensibles para la sociedad michoacana. Por ello, una separación anticipada de su titular plantea dudas sobre la estabilidad institucional y sobre la responsabilidad de garantizar continuidad en una dependencia que enfrenta retos pendientes en materia de seguridad y justicia.
EN LOS MEDIOS…
78 AÑOS DE LA VOZ DE MICHOACÁN, LA LEGITIMACIÓN DEL PODER
Vaya, vaya… esta semana La Voz de Michoacán celebró 78 años de existencia, una fecha que remite a la larga trayectoria de uno de los medios impresos con mayor presencia histórica en la entidad. Pero más allá de la conmemoración institucional, el aniversario también abre una discusión incómoda sobre el papel que ha desempeñado el periódico en la construcción de narrativas políticas y en su relación con los grupos de poder.
Durante décadas, La Voz de Michoacán ha ocupado un lugar central en la agenda pública estatal. Sin embargo, como ocurre con buena parte de los medios tradicionales, su historia también está atravesada por cuestionamientos sobre la cercanía con gobiernos, actores económicos y estructuras de poder que han utilizado la comunicación como una herramienta de legitimación.
La idea de “La Voz del Pueblo” plantea una promesa periodística: representar las preocupaciones sociales, vigilar al poder y funcionar como contrapeso. Pero esa narrativa enfrenta una pregunta fundamental: ¿qué voces han tenido realmente espacio en sus páginas y cuáles han quedado relegadas cuando cuestionan los intereses políticos o económicos predominantes?
En distintos momentos, los medios tradicionales en Michoacán han sido parte de una relación de dependencia con los gobiernos en turno a través de la publicidad oficial, convenios institucionales y estrategias de comunicación que influyen en la agenda informativa. En ese contexto, la frontera entre informar y reproducir la narrativa del poder se vuelve un punto permanente de debate.
El aniversario de La Voz de Michoacán ocurre en un ecosistema donde el periodismo enfrenta nuevos retos: la pérdida de confianza ciudadana, la expansión de medios digitales independientes y la exigencia de una mayor distancia crítica frente a los discursos oficiales. La legitimidad de un medio no solo se construye con años de circulación, sino con su capacidad para cuestionar, investigar y abrir espacio a los conflictos que atraviesan la sociedad.
Porque la voz del pueblo no es únicamente la que aparece en los comunicados oficiales, en los discursos gubernamentales o en las versiones institucionales de los acontecimientos. También está en las comunidades que denuncian, en los movimientos sociales que cuestionan y en los territorios donde las decisiones del poder generan conflictos.
A 78 años de su fundación, el reto para La Voz de Michoacán no es solo preservar una historia editorial, sino demostrar que esa voz sigue siendo capaz de incomodar al poder y no únicamente acompañar sus narrativas.
No hay nada que celebrarles a los hermanos Medina González (Álvaro y Alonso). Ni tampoco a su padre.
Son 78 años de ser serviles al poder y de ser funcionales al sistema.
Son 78 años de legitimar a políticos y empresarios corruptos.
Han hecho mucho daño al periodismo en Michoacán.
“EL MANDAMÁS” Y SUS VOCEROS
Y hablando de comunicación política en Michoacán. Vaya encuentro que evidenciaron las redes sociodigitales con la reunión amistosa que tuvieron el exgobernador priísta Fausto Vallejo, María Guadalupe Santacruz Esquivel y el periodista Javier Favela, de La Voz de Michoacán.
Vaya, vaya… otra vez una fotografía aparentemente inocente, de esas que circulan en redes como si fueran simple registro social, pero que en realidad funcionan como pequeñas piezas de memoria política cuidadosamente normalizada.
Y es que lo relevante no es solo quién aparece en la foto, sino lo que esa cercanía representa en términos de historia mediática y legitimación del poder en Michoacán.
Hay que entender que el “Vallejismo” no fue únicamente un periodo de gobierno, sino un modelo de relación entre poder y comunicación donde la frontera entre informar, acompañar y legitimar se volvió deliberadamente difusa. Un modelo donde el acceso al poder funcionó también como capital simbólico para carreras dentro del periodismo y la comunicación institucional.
Un ecosistema donde la comunicación institucional no solo informaba: construía adhesiones, administraba silencios y ordenaba jerarquías de lo visible.
En ese entramado, figuras vinculadas a la comunicación oficial y a la gestión de medios públicos o paraestatales no operaban como observadoras neutrales del poder, sino como parte activa de su arquitectura simbólica. Y esa es justamente la clave que hoy vuelve a aparecer: la continuidad de trayectorias donde el periodismo, la comunicación gubernamental y la cercanía política no son caminos separados, sino vasos comunicantes.
En ese entramado, la presencia de María Guadalupe Santacruz Esquivel no puede leerse fuera de su trayectoria en estructuras de comunicación oficial, ni fuera de un campo donde la narrativa institucional ha sido una herramienta de gobernabilidad. Tampoco puede separarse de la forma en que ciertos perfiles han transitado entre gobiernos, instituciones y medios, consolidando una presencia constante en el aparato comunicacional del estado.
Del otro lado, la figura de Javier Favela aparece desde el periodismo tradicional, desde las redacciones que han sido parte del sistema mediático local donde la relación con el poder no ha sido precisamente de confrontación estructural, sino de convivencia histórica, con distintos grados de cercanía según la época y el gobierno en turno.
La fotografía con Fausto Vallejo no es un recuerdo aislado, sino un nodo dentro de una red más amplia de relaciones donde la legitimidad se construye por acumulación de proximidades. Estar cerca del poder no solo abre puertas: también produce narrativa, otorga credenciales, estabiliza carreras y, sobre todo, ayuda a fijar una versión “aceptable” de la política local.
Porque en Michoacán, y esto no es nuevo, el periodismo y la comunicación institucional han convivido en una zona gris donde la crítica y la administración de imagen se cruzan con frecuencia. Y en ese cruce, algunos perfiles han transitado con comodidad entre gobiernos, partidos y estructuras mediáticas, sin que el cambio de siglas implique necesariamente un cambio de lógica.
El problema no es la fotografía en sí. El problema es lo que simboliza y normaliza: la persistencia de un modelo donde la cercanía con figuras del poder, sigue operando como un elemento de validación profesional y política. De hecho, para muchos es parte natural del recorrido profesional, cuando en realidad también es parte de un modelo histórico de relaciones que ha moldeado qué se dice, cómo se dice y, sobre todo, qué no se cuestiona.
Y es que la memoria es precisamente lo que permite entender cómo se construyeron esas legitimidades, qué alianzas las sostuvieron y qué tipo de periodismo o comunicación se normalizó en ese periodo.
Por ello, desde en15dias.com nos preguntamos ¿qué tipo de comunicación se ha construido alrededor de esas relaciones? ¿Una comunicación que cuestiona, que incomoda, que investiga? ¿O una comunicación que ha contribuido, históricamente, a estabilizar la imagen del poder, incluso en sus momentos más críticos?
