Morelia atraviesa una disputa que va mucho más allá de los cambios de uso de suelo o los desarrollos inmobiliarios. Lo que está en juego es el modelo de ciudad que se construye desde el poder y la posibilidad de imaginar otro basado en la defensa de lo común, el territorio y la democracia. / La ciudad mercancía o la ciudad como bien común
Uitzume, el perro del lago
La ciudad mercancía o la ciudad como bien común
Toda ciudad es, antes que un conjunto de edificios, un proyecto político. Detrás de cada avenida, de cada fraccionamiento, de cada cambio de uso de suelo, de cada bosque conservado o destruido y de cada inmueble público puesto en venta existe una idea de ciudad.
Esa idea puede presentarse como modernización, crecimiento económico, competitividad o desarrollo, pero siempre responde a una decisión fundamental ¿quién tiene derecho a decidir sobre el territorio? y ¿para quién se construye la ciudad?
Durante muchos años, en Morelia los conflictos urbanos parecían aislados. La defensa de los manantiales del sur, la urbanización sobre zonas de recarga hídrica, los cambios de uso de suelo, la presión sobre áreas forestales, la venta de inmuebles públicos, la desaparición de espacios comunitarios o las disputas en torno al ordenamiento territorial aparecían como problemas independientes. Cada uno tenía sus propios actores, sus propias causas y sus propias resistencias.
Sin embargo, observados en conjunto, todos esos procesos revelan una misma racionalidad política. No son hechos desconectados, sino expresiones de un proyecto de ciudad que, desde hace décadas, concibe el territorio principalmente como una fuente de valorización económica.
Desde esta editorial hemos utilizado la expresión «cártel inmobiliario». No como una categoría penal ni como una figura conspirativa, sino para describir un entramado de intereses públicos y privados capaz de orientar, durante años, la planeación urbana, las inversiones públicas y las decisiones administrativas hacia un mismo objetivo: aumentar el valor de determinados territorios mediante decisiones del propio Estado hacia particulares. El problema nunca ha sido únicamente quién obtiene las ganancias. El problema es que la ciudad termina organizada para producir rentas antes que para garantizar derechos.
Y es que lo verdaderamente preocupante no es solamente la especulación inmobiliaria. Es que ese modelo ha logrado convertirse en sentido común.
Durante años se nos ha dicho que urbanizar es sinónimo de progreso; que construir más significa desarrollo; que atraer inversión justifica cualquier transformación del territorio; que el crecimiento económico basta para medir el bienestar de una ciudad. Poco a poco hemos aceptado como inevitables decisiones que, en realidad, son profundamente políticas.
Ese quizá ha sido el mayor triunfo del proyecto de ciudad que hoy domina Morelia: convencernos de que no existe alternativa pero toda hegemonía encuentra tarde o temprano sus límites.
Las inundaciones recurrentes, la pérdida de áreas verdes, la presión sobre los mantos acuíferos, la expansión desordenada de la ciudad, el deterioro del patrimonio público y la creciente desigualdad territorial empiezan a mostrar los costos de un modelo que privilegia el valor del suelo por encima del valor de la vida colectiva.
Es precisamente en ese momento cuando comienza a emerger otra manera de pensar la ciudad.
No se trata de un proyecto político; no tiene un liderazgo único ni una organización centralizada. Se expresa, más bien, en múltiples resistencias que hasta hace poco caminaban por separado: quienes defienden el agua, quienes protegen los bosques, quienes luchan por el patrimonio público, quienes exigen una planeación urbana democrática, quienes construyen espacios comunitarios, quienes reivindican los derechos colectivos y quienes entienden que el territorio no puede reducirse a una mercancía.
Lo que esas luchas empiezan a compartir es una idea sencilla, pero profundamente transformadora: existen bienes cuyo valor no puede medirse únicamente en términos económicos. A eso llamamos lo común.
Y no hablamos de un inmueble específico ni de una organización en particular. Hablamos de un principio político.
Lo común es reconocer que el agua pertenece también a las generaciones futuras; que los bosques cumplen funciones ambientales que ninguna inversión puede sustituir; que el patrimonio público representa una memoria compartida; que el territorio sostiene formas de vida, identidades y relaciones sociales imposibles de tasar en el mercado. Significa entender que una ciudad no es solamente el espacio donde se invierte capital, sino el lugar donde se construye comunidad.
Por eso resulta significativo que, en los últimos años, distintas organizaciones y colectivos hayan comenzado a encontrarse. Articulaciones como CCAOS expresan una intuición política que merece atención: ninguna lucha territorial podrá sostenerse de manera aislada. La defensa del agua conduce inevitablemente a la defensa de los bosques. La defensa del patrimonio obliga a discutir el destino de los bienes públicos. La defensa de los espacios comunitarios conduce a cuestionar el modelo de desarrollo urbano. Poco a poco, luchas que parecían distintas empiezan a reconocerse como parte de una misma disputa.
No se trata simplemente de sumar causas. Se trata de comprender que el territorio se ha convertido en el escenario principal donde hoy se define lo común.
Porque una ciudad deja de ser plenamente democrática cuando las decisiones fundamentales sobre su futuro responden sistemáticamente a intereses particulares antes que al interés público. Cuando la planeación urbana deja de construirse con la ciudadanía y comienza a diseñarse para garantizar rentabilidad. Cuando el patrimonio colectivo se administra como si fuera patrimonio gubernamental. Cuando participar significa únicamente ser informado de decisiones ya tomadas.
Tal vez por eso la discusión más importante que enfrenta hoy Morelia no sea si existe o no un “cártel inmobiliario”. Esa pregunta, aunque necesaria, resulta insuficiente. La cuestión de fondo es ¿qué ciudad queremos construir?
Porque toda ciudad expresa una forma de entender la vida en común.
Existe una ciudad que convierte el suelo en mercancía, que mide el progreso por la plusvalía, que entiende el territorio como una oportunidad permanente de negocio y que reduce el desarrollo a la acumulación de infraestructura y capital.
Pero también puede existir otra ciudad.
Una donde el agua valga más que la especulación, donde los bosques sean reconocidos como infraestructura para la vida y no como reservas de suelo urbanizable; donde el patrimonio público permanezca al servicio de la comunidad; donde la planeación urbana sea una decisión democrática y donde el bienestar colectivo tenga mayor peso que la rentabilidad privada.
En otras palabras, una ciudad concebida como bien común.
El proyecto de la ciudad mercancía lleva décadas construyéndose. Ha logrado consolidar instituciones, discursos e intereses capaces de orientar el desarrollo urbano.
La defensa de lo común, en cambio, apenas comienza a reconocerse como un horizonte compartido. Todavía es dispersa. Todavía enfrenta enormes desafíos. Pero quizá por primera vez en mucho tiempo empieza a ofrecer una alternativa capaz de articular luchas que antes parecían inconexas.
Desde en15dias.com observamos un enfrentamiento entre dos imaginarios de ciudad. Uno lleva décadas consolidándose desde el poder político, económico y administrativo. El otro apenas comienza a reconocerse en las luchas por el agua, los bosques, el patrimonio público, la vivienda, la cultura y el territorio.
El primero convierte el suelo en mercancía y la ciudad en un activo financiero. El segundo entiende que una ciudad no es la suma de sus construcciones, sino la trama de relaciones que hace posible la vida en común.
La pregunta decisiva es si quienes vivimos en Morelia seremos capaz de organizarnos, articularnos y construir una alternativa al proyecto de ciudad que ese entramado de actores impresentables ha contribuido a consolidar.
La disputa apenas comienza y no será solamente por el territorio. Será, sobre todo, por el significado mismo de lo común.
