En Michoacán, el ecocidio y el crimen organizado se entrelazan. Empresas extractivistas, autoridades débiles y grupos criminales actúan en conjunto para controlar bosques, agua y territorio. Una radiografía del poder paralelo que domina la economía ambiental del estado.
Ecocidio y crimen organizado
Julio Santoyo Guerrero
La relación que existe entre delitos ambientales y crimen organizado en Michoacán es estrecha. Semejante vinculo no sorprende. Las actividades extractivistas que realizan algunas empresas rebasan a las instituciones y a las leyes para poder realizar sus ganancias.
Ahí donde hay ganancias, si el estado se encuentra ausente, aparece para llenar ese espacio la delincuencia organizada. Su estrategia parasitaria ofrece los servicios que las empresas se ven obligadas a necesitar: protección contra la amenaza del grupo delincuencial, que son ellos mismos; protección contra el reclamo social que señala y denuncia la destrucción de ecosistemas; cuidado de los bienes y servicios de la empresa.
La capacidad que ha construido el crimen organizado es tal que dichas operaciones las puede llevar a cabo sin mayores contratiempos. No sólo tienen el control del territorio en donde operan, sino que tienen como subordinado al poder político local de tal suerte que operan como un meta poder que orienta y coordina los asuntos que les son encomendados.
Lo anterior es perfectamente comprensible a partir de las denuncias que el periodismo de investigación ha realizado y se reitera con la revelación que el 10 de octubre pasado hizo el diputado federal morenista Hugo Eric Flores Cervantes, quien con firmeza argumentó que “el 70 % de este país está tomado por el narcotráfico.
El crimen organizado pone a los gobiernos municipales. Pasaron de financiar campañas a poner ellos a los gobernantes. La tercera etapa que estamos viviendo es en donde ellos son los gobernantes.”
La crudeza de la realidad expuesta en verdad que no sorprende, eso lo estamos viendo los mexicanos desde hace mucho tiempo. Lo que sorprende, y para bien, es que desde el oficialismo se reconozca, por fin, la magnitud de la presencia criminal en la vida política del país y en su territorio.
En una gran parte de los municipios michoacanos, probablemente en el mismo porcentaje que reconoce el diputado federal, las grandes decisiones y acciones que se realizan se hacen con la anuencia o el impulso de los criminales.
En esos municipios parte del gobierno local ha sido puesto por la delincuencia, siendo las direcciones de seguridad pública, las de obras y las oficialías mayores, las más apetecidas, pues en ellas se manejan los hilos económicos y de seguridad de los territorios que ellos ya controlan.
Los recursos primarios como aguas y bosques que existen en los territorios municipales y que son decisivos para la generación de riqueza siempre están en la mirada codiciosa, pero muy pocas veces apegada a la legalidad, de inversionistas de empresas agropecuarias, y otras más.
La expansión ilegal de huertas aguacateras se ha hecho en gran medida con la fuerza de la delincuencia organizada. El ecocidio en Michoacán no podría explicarse sin este agente activo que promueve y protege la tala ilegal, el cambio de uso de suelo y el robo de aguas.
El control que tienen sobre el territorio es decisivo para que esos delitos ambientales se puedan cometer sin mayores obstáculos. La debilidad de las instituciones ambientales y también la complicidad de funcionarios gubernamentales es el contexto perfecto que explica la razón de por qué Michoacán ha perdido más de la mitad de sus bosques en tan solo 30 años.
Los reclamos, la denuncia o el activismo que puedan hacer los ciudadanos que son afectados por estas prácticas, como es lógico suponer, no son ajenos a la observación irritada de los empresarios ecocidas y de los criminales que les cobran por protegerlos.
Si una denuncia alcanza a frenar un cambio de uso de suelo o evita el robo de aguas, el hecho es interpretado como una acción hostil a los intereses económicos y de control territorial de la delincuencia.
Los casos de desaparecidos, secuestro y amenazas a defensores ambientales en el estado están ligados a esta motivación. El abandono del estado mexicano sobre ese 70% del territorio nacional, como lo señala el diputado Eric Hugo Flores, ha sido fatal para la defensa de los derechos ambientales. Y la razón es bastante clara: la defensa de aguas y bosques se hace siempre desde el mismo territorio que el narco reclama como objetivo de su cuidado y control.
La urgencia de que el Estado mexicano recupere los territorios en manos ahora de la delincuencia es importante, a la vez que para las actividades económicas regulares de cada zona, para la protección de las personas, pero también para que los reclamos y denuncias ciudadanas en materia de destrucción ambiental se puedan realizar y con ello evitar la destrucción de los patrimonios naturales de todos.
El territorio debe volver a ser de los mexicanos de bien y debe vivirse en él conforme a los derechos humanos, conforme a la constitución, jamás conforme a las reglas del crimen.
Es ignominioso que en municipios como Madero los activistas ambientales más destacados tengan todos amenazas de muerte y sea recurrente el acoso, y aparte sean criminalizados por la propia autoridad local, todo por denunciar el cambio de uso de suelo, el robo de aguas, la tala ilegal y la construcción de hoyas privatizadoras de aguas.
Es el mundo al revés, los ecocidas tienen protección, buena prensa y espacios de cabildeo a los más altos niveles, los defensores ambientales, que reclaman la aplicación de la constitución y el cuidado de bosques y aguas son perseguidos, poco escuchados y menospreciados por las élites que toman decisiones.
Ecocidio y crimen organizado
¿Quién es?
*Julio Santoyo Guerrero
Es consejero del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán e Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida en Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje.
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