Morelia no construye carreteras, construye capital: el Segundo Anillo Periférico no es una obra de movilidad, sino un gigantesco proyecto de especulación inmobiliaria con sello oficial. Lo confirma la propia Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que celebró que la plusvalía de los terrenos aledaños podría crecer hasta 1,100%.
Cada kilómetro de asfalto, cada entronque anunciado, no solo mueve vehículos: convierte hectáreas en mercancía, desplaza a comunidades rurales y presiona recursos vitales como el agua. Lo que se vende como progreso es, en realidad, un juego de intereses privados disfrazado de infraestructura pública.
El segundo anillo de la especulación inmobiliaria
Uitzume, el perro del lago*
La obra de los siete tramos del Segundo Anillo Periférico de Morelia, que construye el Gobierno de Michoacán, no es infraestructura que ayudará a la movilidad es más bien especulación inmobiliaria sin transparencia.
Lo demuestra la propia Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), que celebró públicamente, el 21 de abril de 2025, que la plusvalía de los terrenos aledaños podría crecer hasta 1,100%.
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Esa cifra, lejos de ser un dato técnico, es una confesión política de que esta infraestructura no se concibe como una solución de movilidad, sino como el catalizador de un negocio inmobiliario de proporciones voraces.
El discurso oficial habla de “aliviar la carga del libramiento actual y facilitar la circulación del transporte de carga”. Pero los números cuentan otra historia: 87.8 kilómetros de construcción, divididos en siete segmentos, con un ancho de 60 metros y una calzada de 13 metros.
Su inversión supera los 2,596 millones de pesos. La lógica no es tanto conectar flujos de tráfico como liberar suelo para la expansión urbana y la especulación. En Morelia, cada kilómetro de asfalto no solo mueve vehículos: convierte hectáreas enteras en mercancía.
Este monto corresponde a los tramos 1, 4 y 5, que suman 37.1 kilómetros, superando los 26 kilómetros del anillo periférico actual. La obra se publicita como un beneficio para más de un millón de habitantes y se espera que atienda a unos 16,670 usuarios diarios, según los datos del propio Gobierno de Michoacán.
Cabe recordar que, en declaraciones previas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estimó 4,500 millones de pesos para el proyecto completo, incluyendo todos los tramos y componentes adicionales. Sin embargo, la cifra oficial actualizada se quedó en 2,596 millones de pesos para los tramos mencionados.
ESPECULACIÓN CON SELLO OFICIAL
El libreto gubernamental del despojo institucional está escrito: primero, las tierras rurales y ejidales son regularizadas y convertidas en predios negociables. Después, el gobierno interviene anunciando la liberación del derecho de vía: en el caso del segmento 1, fueron 269 predios los afectados, de los cuales se presume que el 99.7% ya fue liberado. El precio: entre 180 y 600 pesos por metro cuadrado, según los avalúos oficiales.
Los nada tontos, empresarios inmobiliarios, ofertan esos mismos terrenos a precios inflados hasta diez veces más, mientras campesinos y pequeños propietarios reciben pagos mínimos. El lenguaje institucional legitima esta práctica: “se multiplicará la plusvalía”, señalan entusiasmados.
Y es que no hay un plan maestro de vivienda social, no hay mecanismos de captura de plusvalía que regresen beneficios a la ciudad, no hay regulación del mercado del suelo. Hay, en cambio, una señal de humo para los especuladores: compren ahora, porque el Estado garantiza el premio mayor.
Hay que recordar que la especulación inmobiliaria es un proceso económico en el que se compran terrenos o propiedades no por su valor de uso (por ejemplo, para vivir o para cultivar), sino con la expectativa de que su valor aumentará en el futuro.
Es una apuesta financiera. Los especuladores, que pueden ser grandes empresas, desarrolladores o particulares con capital, compran barato en zonas que anticipan una alta demanda futura para después vender caro, obteniendo una ganancia considerable.
Los factores que impulsan esta especulación son diversos como los proyectos de infraestructura, como los anuncios del gobernador de nuevas carreteras, puentes o la actualización del aeropuerto. Otro factor son los cambios en el uso de suelo como la reclasificación de una zona rural o agrícola a urbana.
Morelia es un ejemplo claro de cómo la especulación inmobiliaria opera y de sus consecuencias socioeconómicas. El caso más reciente y visible es el del Segundo Anillo Periférico.
La mera noticia de su construcción disparó el valor de los terrenos aledaños al trazo de la obra, incluso antes de que se colocara el primer ladrillo.
El Gobierno de Michoacán, en lugar de desmentir la especulación, la validó de forma explícita: “la obra aumentará la plusvalía de los predios en un 1,100%”. Esta declaración, más allá de ser un simple anuncio, actuó como una señal para el mercado, incitando a los inversionistas a comprar terrenos en la zona.
La especulación inmobiliaria en Morelia, impulsada por este proyecto, ha tenido un impacto directo y negativo en la población.
Por una parte, el desplazamiento y despojo de comunidades: Los pequeños ejidatarios y propietarios de terrenos rurales, que no cuentan con la misma capacidad financiera ni legal que los grandes desarrolladores, se ven presionados a vender sus tierras a precios irrisorios.
Los especuladores adquieren estos predios a bajo costo, esperando revenderlos a un precio mucho mayor, lo que genera un despojo silencioso de los pobladores originales.
Otro de los impactos visibles es el aumento del costo de vida: El aumento artificial del valor del suelo no solo beneficia a los especuladores, sino que también encarece el costo de la vivienda.
Esto hace que sea más difícil para las familias de bajos y medianos ingresos acceder a una vivienda digna en las zonas cercanas a los nuevos desarrollos, empujándolos a vivir en zonas cada vez más alejadas del centro de la ciudad y de sus lugares de trabajo.
Y finalmente, la priorización de intereses privados: La especulación ha hecho que la obra del Periférico, que se anunció como un proyecto de beneficio público, sea vista con escepticismo.
El hecho de que el gobierno haya publicitado la plusvalía de los predios hace que parezca que el proyecto está diseñado para beneficiar a unos pocos inversionistas, en lugar de resolver los problemas de movilidad de toda la población.
LOS TRAMOS Y LAS SOMBRAS
El segmento 1, entre La Estancia y Tacícuaro, es la vitrina de la opacidad. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este tramo nunca ha sido publicada, pese a que la maquinaria ya está en campo.
En cuanto a los segmentos 2, 3, 4 y 5, se han ingresado solicitudes de impacto ambiental en abril y mayo de 2025.
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Sin embargo, no se especifica en los documentos si corresponden a cada uno de esos segmentos ni si han sido aprobadas o publicadas oficialmente. La falta de transparencia en este punto ha sido cuestionada públicamente por autoridades y diputados, quienes denuncian que el gobierno reserva información sobre estudios ambientales esenciales.
Esto pone en duda que la expansión se esté realizando conforme a la normativa ambiental vigente.
Mientras tanto, los renders oficiales muestran distribuidores, pasos elevados y entronques que conectan colonias que aún no existen, pero que ya tienen nombre en preventa. Es la urbanización invertida: primero se anuncia la infraestructura, después aparecen los fraccionamientos. Carreteras que prometieron modernidad terminaron siendo avenidas para inmobiliarios.
Además de eso, el costo oculto de esta expansión es el agua. El nuevo anillo se enclava en la zona de recarga de La Mintzita, manantial que abastece hasta el 40% del agua potable de Morelia.
Cada fraccionamiento que se multiplique en torno al periférico ejercerá presión sobre un recurso ya sobreexplotado. Los comunicados oficiales no mencionan gestión hídrica ni mitigación ambiental, limitándose a reportar avance físico y liberación de predios.
Pero no sólo es la Mintzita, también son los manaatiales de San Miguel del Monte, donde los intereses inmobiliarios y políticos ya han sido revelados y aún así continúan ejerciendo presión sobre las comunidades indígenas.
El resultado es claro: Morelia no está frente a una obra de movilidad, sino ante la mayor tombola inmobiliaria de su historia reciente. El Estado anuncia multiplicadores de rentas y los especuladores entran a jugar. El riesgo es social: colonias desconectadas, transporte público insuficiente, servicios colapsados y expansión urbana desordenada.
Lo que se construye es un círculo vicioso: especulación que genera fraccionamientos, presión sobre el agua, deuda ambiental y desigualdad urbana. Todo con dinero público, claro y por supuesto “sin deuda”, señalan animosos los funcionarios de gobierno.
El Segundo Anillo Periférico no es el futuro de la movilidad de Morelia: es el futuro hipotecado de su territorio. Cuando el gobierno presume que una obra multiplica por once el valor del suelo, deja de ser autoridad y se convierte en el promotor inmobiliario de la ciudad.
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
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