El “Plan México”, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se presenta como una estrategia integral para el desarrollo económico, social y territorial del país. Los “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI) constituyen el eje operativo de este plan, funcionando como zonas económicas especiales adaptadas al contexto actual del nearshoring.
“Polos de Desarrollo para el Bienestar”, el discurso social, con proyecto neoliberal
Uitzume, el perro del lago*
El “Plan México”, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, se presenta como una estrategia integral para el desarrollo económico, social y territorial del país. Los “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI) constituyen el eje operativo de este plan, funcionando como zonas económicas especiales adaptadas al contexto actual del nearshoring.
Aunque se les presenta como una alternativa más “social” que los modelos del pasado, en realidad responden a la lógica de enclaves industriales y extractivismo territorial.
El caso del Parque Industrial Bajío en Michoacán ejemplifica esta tendencia: grandes extensiones de tierra son entregadas a empresas nacionales y extranjeras con incentivos públicos, sin consulta comunitaria real y con el riesgo de desarticular las dinámicas locales y ambientales en nombre del “desarrollo”.
I. “PLAN MÉXICO”: EL PROYECTO SIMULADOR Y CONTINUISTA
El “Plan México” se perfila como la política pública insignia del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la estrategia de seguridad.
Es una iniciativa presentada por el Gobierno de México como parte de una estrategia integral orientada al desarrollo económico, social y territorial del país.
Su objetivo central es posicionar a México como un destino estratégico para la inversión y el crecimiento industrial, en el contexto de la relocalización de cadenas productivas globales (nearshoring).
Aprovechando su ubicación geográfica privilegiada, una extensa red de tratados comerciales, una fuerza laboral calificada (y en muchos casos, de bajo costo), así como condiciones macroeconómicas estables, el gobierno impulsa este proyecto como parte del llamado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, bajo la promesa de generar “desarrollo regional y bienestar social”.
/ 13 de enero de 2025. VIDEO: CEPROPIE.
“Polos de Desarrollo para el Bienestar”, el discurso social, con proyecto neoliberal
13 de abril de 2025. / VIDEO: Claudia Sheinbaum.
Es importante entender que el “Plan México” no es un programa aislado, sino un marco de políticas públicas y estrategias coordinadas a través de diversas instancias del gobierno federal, estatal y municipal. Se alinea con la visión oficial de fortalecer el mercado interno, diversificar las exportaciones y atraer inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. La estrategia gira en torno al desarrollo de infraestructura, incentivos fiscales, capacitación técnica y ordenamiento territorial orientado al sector privado.
El discurso oficial plantea que el plan busca transformar el modelo económico nacional mediante una supuesta “reindustrialización ordenada y sostenible”. En teoría, se pretende integrar a las regiones históricamente marginadas a la economía global a través del desarrollo logístico, educativo e industrial, con un fuerte enfoque en atraer empresas tecnológicas y manufactureras.
FOTO: Presidencia de México.
Este proyecto está directamente vinculado con los megaproyectos del sur-sureste, como el Corredor Interoceánico y el llamado “Tren Maya”, y ahora se expande hacia otras entidades del país como Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Baja California, todas con vocación agroexportadora.
Su alcance es claramente nacional y su implementación se desarrolla en distintas fases, que abarcan desde la planeación hasta la ejecución de proyectos industriales y, en apariencia, sociales.
FOTO: Presidencia de México.
Altagracia Gómez Sierra, empresaria y líder del Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum, ha sido la voz principal para articular el discurso de la “prosperidad compartida”, integrando la inversión privada en la estrategia gubernamental de desarrollo económico.
Dentro de los pilares de su mensaje se encuentra “la reducción de desigualdades, no de clases sociales; el crecimiento con justicia social; el Estado aliado del empresariado y un enfoque regional e industrial que articule el nearshoring, la relocalización industrial y los polos de desarrollo desde una logística inclusiva y sostenible”.
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VIDEO: Claudia Sheinbaum.
Gómez Sierra es pieza clave en el diseño del “Plan México”, como coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Regional y Relocalización Empresarial. Representa el puente entre el sector privado y el discurso público de la autollamada “Cuarta Transformación”, especialmente en torno al lema “prosperidad compartida”.
Su visión preside el diseño del “Plan México”, impulsando un modelo de desarrollo económico que aspira a combinar competitividad global con reducción de desigualdad. Los “polos de desarrollo” se insertan como piezas clave dentro de esta narrativa, articulando territorio, inversión y promesas sociales.
En resumen, el “Plan México” representa una puerta abierta a los intereses de las élites económicas del país y, de paso, un obsequio a las grandes corporaciones transnacionales con un discurso de “prosperidad compartida”.
22 de mayo de 2025 / Foto: Presidencia de México.
II. “POLOS DE DESARROLLO”: EL TERRITORIO EN VENTA
Uno de los ejes más relevantes dentro del “Plan México” es la promoción de los llamados “Polos de Desarrollo para el Bienestar”, un esquema que busca llevar el desarrollo industrial a regiones históricamente marginadas del país.
Estos polos funcionan como zonas económicas especiales adaptadas al contexto actual de relocalización industrial, aunque —según el Gobierno de México— con una “lógica distinta” a la aplicada durante los gobiernos neoliberales: priorizar el desarrollo regional y el bienestar social por encima de la mera ganancia privada.
Para ello, se han planteado reformas legales, la adecuación de marcos normativos estatales, la creación de fideicomisos, así como acuerdos entre sectores públicos y privados. La intención es consolidar este esquema como una política estructural de largo plazo, que trascienda sexenios y se institucionalice bajo el nuevo aparato político morenista.
22 de mayo de 2025. / Foto: Presidencia de México.
El concepto de “polos de desarrollo” tiene su origen en la teoría económica del francés François Perroux (1955), quien argumentaba que el crecimiento económico no ocurre de manera uniforme, sino que se concentra en determinados puntos o “polos” que actúan como motores de desarrollo para el resto del territorio.
Según Perroux, estos polos están conformados por industrias estratégicas que, a través de sus encadenamientos productivos, generan efectos de arrastre hacia adelante (clientes) y hacia atrás (proveedores), irradiando crecimiento a su entorno.
Durante las décadas de 1960 y 1970, esta teoría fue adoptada por diversas políticas públicas en América Latina como parte de las estrategias de industrialización regional.
En México, tuvo aplicación en la creación de ciudades industriales y zonas económicas especiales. Sin embargo, con el paso del tiempo también se evidenció su tendencia a concentrar beneficios en determinadas zonas, profundizando desigualdades regionales.
Los “Polos de Desarrollo para el Bienestar” son, en este contexto, una pieza clave para la implementación del “Plan México”. Funcionan como zonas de atracción de inversión con condiciones preferenciales: infraestructura adecuada, estímulos fiscales y programas de formación técnica para la fuerza laboral local. Se presentan como nodos de desarrollo que conectan comunidades rurales y semiurbanas con cadenas industriales y logísticas.
Aunque este modelo retoma elementos de las zonas económicas especiales promovidas por gobiernos anteriores, el discurso oficial insiste en su “carácter social”. Se plantea que el enfoque está puesto en la generación de empleo local, la participación comunitaria, el bienestar colectivo y la sustentabilidad ambiental.
26 de junio / Foto: Presidencia de México.
En la práctica, los PODEBI son clústeres productivos donde se instalan empresas nacionales e internacionales bajo un esquema de incentivos fiscales, acceso a infraestructura de primer nivel y colaboración con programas de capacitación técnica. Su operación está regulada por la Secretaría de Economía en conjunto con gobiernos estatales y municipales, e incluso en algunos casos con participación de organismos internacionales y empresas ancla que lideran el desarrollo de cada zona.
Cada polo cuenta con una planeación territorial y ambiental, aunque esta queda, en buena medida, en manos del sector privado, de acuerdo con declaraciones oficiales de la propia Secretaría de Economía.
Inicialmente, estos polos se concentraron en el sur-sureste del país, vinculados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con Oaxaca y Veracruz como primeros beneficiarios. Posteriormente, se anunciaron polos en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para 2024, la estrategia se expandió a estados del centro y occidente como Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán, seleccionados por su potencial logístico, agroindustrial y manufacturero.
26 de junio de 2025. / Foto: Presidencia de México.
Hasta julio de 2025, se habían registrado al menos 15 polos activos o en proceso de desarrollo en 14 entidades: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero. Cada uno con vocaciones productivas específicas y condiciones particulares para su instalación.
La inversión total proyectada para los PODEBI asciende a más de 300 mil millones de pesos en infraestructura y estímulos públicos, según cifras de la Secretaría de Economía. Por su parte, la inversión privada comprometida supera los 1.2 billones de pesos, provenientes de empresas del sector tecnológico, manufacturero, logístico y de energías renovables.
IMAGEN: Redes sociodigitales.
III. “PARQUE INDUSTRIAL BAJÍO”: EL PROYECTO (AÑEJO) PARA LOS PRIVADOS
En el marco del impulso a los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”, el Parque Industrial Bajío se posiciona como un proyecto estratégico en Zinapécuaro, Michoacán. Con un enfoque multimodal, una vocación industrial definida y una infraestructura diseñada para atraer inversión nacional e internacional, se perfila como uno de los polos prioritarios del “Plan México”.
Este parque cuenta con una superficie estimada de entre 342 y 400 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo polo más grande del país. El Gobierno de Michoacán ha promovido su desarrollo argumentando, entre otras cosas, su cercanía con Morelia, lo que refuerza su función como nodo logístico regional.
Ubicado a tan solo 35 km de la capital del estado y con conexión directa a la autopista federal 120 —que enlaza Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México— el parque también cuenta con proximidad al Aeropuerto Internacional de Morelia y acceso ferroviario a la red de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), con rutas hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, Estados Unidos y Canadá, lo que lo convierte en una potencial plataforma de logística y comercio internacional.
Otros argumentos destacados incluyen la disponibilidad de recursos energéticos e hídricos en la región. Se presume una capacidad de 21.7 MW en energía limpia —proveniente de fuentes geotérmicas e hidroeléctricas— y una concesión de 1.15 millones de m³ de agua industrial otorgada por CONAGUA, lo que garantiza abastecimiento sostenible para uso industrial y logístico.
Las vocaciones productivas que el gobierno busca detonar en este polo incluyen la agroindustria, la logística, el sector automotriz, metalmecánica, manufactura ligera y farmacéutica. Se estima la generación de hasta 27,000 empleos formales directos, beneficiando a más de 1.2 millones de personas en la zona metropolitana de Morelia y municipios colindantes.
27 de febrero de 2023. / FOTOS: GOBIERNO DE MICHOACÁN.
Este polo fue oficialmente designado como Polo de Desarrollo para el Bienestar mediante decreto publicado el 7 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, ha sido impulsado por el Gobierno de Michoacán desde el 2023. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) de Michoacán ha asegurado que el terreno cuenta con uso de suelo industrial, evaluación ambiental aprobada y mecanismos de movilidad que “respetan los derechos agrarios y ejidales”.
En términos de inversión, el proyecto contempla más de 6 mil millones de pesos en aportaciones mixtas provenientes de los gobiernos estatal y municipal. Las primeras inversiones confirmadas provienen de empresas mexicanas y transnacionales dedicadas al empaque, conservación y exportación de alimentos. También se prevé la creación de un centro de formación técnica en colaboración con universidades locales y el gobierno estatal.
/ IMAGEN: Gobierno de Michoacán.
IV. UN VIEJO ANHELO INDUSTRIAL CON MUCHOS FRACASOS
El Parque Industrial Bajío no es un proyecto nuevo, sino el resultado de más de dos décadas de intentos por consolidar territorios industrializados en Michoacán. Desde hace 25 años, distintos gobiernos federales y estatales han impulsado proyectos similares sin lograr su consolidación efectiva.
Durante los años 70 y 80, en el contexto del auge petrolero, el gobierno federal implementó el Programa de Puertos Industriales, en el que el Puerto de Lázaro Cárdenas fue considerado un nodo clave. Se construyeron la planta siderúrgica SICARTSA, infraestructura portuaria, instalaciones de fertilizantes y depósitos de petróleo, financiados con recursos petroleros y deuda externa. Estos esfuerzos estuvieron coordinados por los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico (COPRODES), que buscaban articular la inversión regional desde la federación y los estados.
Aunque no fueron denominados formalmente como “polos de desarrollo”, estos proyectos generaron enclaves industriales sostenidos en infraestructura pública, fomento industrial y atracción de grandes empresas.
Sin embargo, tras la crisis económica de 1982, el gobierno de Miguel de la Madrid (1982–1988) reorientó la política industrial hacia la privatización. A pesar de ello, SICARTSA fue parcialmente completada en 1988 y se mantuvo el impulso a algunos proyectos estratégicos.
Durante los años 90, el enfoque comenzó a cambiar hacia esquemas mixtos. Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo (1995–2000), se impulsó el Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas, con una inversión de más de 10,227 millones de pesos para 139 proyectos sociales y productivos. El 64% del capital provino del sector privado, consolidando un megaproyecto de desarrollo regional.
FOTO: Gobierno de Michoacán.
Con la alternancia en el año 2000 y el arribo de Vicente Fox (2000-2006) a la presidencia, la administración de Lázaro Cárdenas Batel (2002–2008) buscó establecer un parque industrial logístico en el puerto de Lázaro Cárdenas, apoyado en inversión china. Se firmaron acuerdos comerciales y se llegó a plantear la creación de una “zona exclusiva” de producción para exportación. En 2004 se invirtieron 55 millones de pesos en vialidades y terminales, y se pavimentaron 290 km de caminos estatales para conectar zonas rurales con el puerto.
Aunque estas acciones retomaban la idea de industrializar la costa, no contaban con un diseño institucional sólido ni con una estrategia territorial articulada, por lo que no llegaron a consolidarse como “polos de desarrollo” formales. El modelo resultante fue un enclave industrial orientado al comercio exterior, sin consulta comunitaria ni enfoque territorial inclusivo.
Durante el gobierno de Leonel Godoy (2008–2012), surgieron nuevas propuestas como un parque agroindustrial en Tierra Caliente y el diseño de un banco de proyectos, con intención de impulsar el desarrollo regional. No obstante, ninguna iniciativa alcanzó la escala ni la estructura de los actuales PODEBI, ni contaron con decretos formales o alianzas estratégicas con capital extranjero.
Por su parte, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo (2015–2021) fue uno de los principales promotores de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en alianza con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 2017, el Puerto de Lázaro Cárdenas fue declarado ZEE junto con La Unión (Guerrero), con el objetivo de atraer industrias de alto valor agregado mediante exenciones fiscales por hasta 10 años, infraestructura preferencial y facilidades regulatorias.
Se presentó la estrategia ante el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) y se anunciaron inversiones cercanas a 2 mil millones de dólares en sectores como siderurgia, logística y tecnología, con empresas como ArcelorMittal, FedEx y Kimberly-Clark.
Sin embargo, el modelo fracasó: no se materializó la inversión prometida, las empresas mostraron poco interés real y las economías locales fueron completamente excluidas del diseño. En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) canceló el programa de ZEE por considerarlo “ineficiente y centralista”.
2024. FOTO: Gobierno de México.
V. EL DISCURSO SOCIAL, CON UN PROYECTO NEOLIBERAL
Es necesario decirlo con claridad: los “Polos de Desarrollo para el Bienestar” impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum constituyen, en esencia, una política de corte neoliberal. Y hay argumentos sólidos para sostener esta afirmación.
En primer lugar, estos proyectos están claramente alineados con una lógica de mercado. A pesar de su envoltorio social, los PODEBI están diseñados para atraer inversión nacional y extranjera, aprovechar acuerdos comerciales como el T-MEC y vincularse con cadenas productivas globales, especialmente en relación con Estados Unidos. Este enfoque responde a los principios clásicos del neoliberalismo: competitividad, apertura comercial y subordinación de las políticas públicas a los flujos de capital.
En segundo lugar, se promueve una territorialización selectiva de la industria. El Estado mexicano identifica y delimita regiones específicas para el desarrollo de sectores estratégicos como la agroindustria, el sector automotriz, farmacéutico o textil. Esta lógica —ya aplicada en gobiernos anteriores como los de Carlos Salinas, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto— puede desplazar dinámicas locales y afectar negativamente a comunidades rurales e indígenas, al imponer estructuras productivas ajenas a sus formas de vida y organización.
Un tercer elemento preocupante es la debilidad en los mecanismos de participación social. Aunque el discurso oficial habla de “consultas”, en la práctica no existen procesos vinculantes ni canales claros de diálogo comunitario. Esta falta de consulta previa, libre e informada a pueblos originarios y comunidades ha sido una constante en las políticas neoliberales del pasado, y hoy se repite bajo un nuevo ropaje discursivo.
En cuarto lugar, el enfoque de los polos gira en torno a grandes obras de infraestructura al servicio del capital privado. El modelo implica que el Estado provea suelo, energía, agua y servicios básicos, mientras que la iniciativa privada se encarga de explotar los beneficios. En otras palabras, es un esquema de acumulación por desposesión, característico del extractivismo contemporáneo.
La socióloga argentina Maristella Svampa, reconocida por sus estudios sobre extractivismo, movimientos sociales y desigualdad en América Latina, define este modelo como una forma de acumulación basada en la apropiación intensiva de bienes comunes (naturales y territoriales), orientada a la exportación y sin valor agregado local. Svampa advierte que, en el actual contexto latinoamericano, tanto gobiernos neoliberales como progresistas han promovido este modelo bajo discursos de “desarrollo, inclusión y combate a la pobreza”.
Para ella, el extractivismo no solo involucra la explotación de recursos como minerales, agua o monocultivos, sino que también representa un patrón de poder en el que el Estado actúa como facilitador de intereses corporativos, debilitando la soberanía de comunidades campesinas, rurales e indígenas. Es un modelo de despojo legalizado, impulsado por megaproyectos que transforman radicalmente ecosistemas, economías locales y estructuras sociales.
En este sentido, los PODEBI, incluidos ejemplos como el Parque Bajío en Zinapécuaro, Michoacán, encajan perfectamente en esta lógica extractivista. Aunque se presentan como proyectos de “bienestar”, en realidad responden a una matriz de acumulación territorial que prioriza la rentabilidad de grandes consorcios por encima de los derechos comunitarios, la sostenibilidad ecológica y la autodeterminación territorial.
Lo más preocupante es que la autodenominada Cuarta Transformación ha reproducido estructuras y mecanismos del neoliberalismo bajo un nuevo discurso. El modelo es el mismo: inversión extranjera, zonas de sacrificio ambiental, empleos precarios y desarticulación del tejido comunitario; pero ahora revestido con una retórica de justicia social.
Este modelo, como plantea Svampa, se inscribe en lo que ella llama el “consenso de los commodities”: una alianza entre élites políticas y empresariales que legitima la expansión de proyectos extractivos —mineros, agroindustriales o logísticos— bajo promesas de desarrollo regional, progreso y redistribución. Es el mismo discurso que hoy se usa para justificar los “polos de desarrollo” en México.
FOTO: GOBIERNO DE MÉXICO.
Si bien el gobierno actual insiste en diferenciarse del neoliberalismo clásico —ese que promueve la privatización abierta y el retiro del Estado— lo cierto es que en el caso de los PODEBI, el Estado no se retira, sino que se convierte en operador directo del modelo extractivista: identifica territorios estratégicos, canaliza recursos públicos, flexibiliza normativas ambientales, otorga incentivos fiscales y facilita la apropiación privada de bienes comunes.
Este nuevo rol estatal, lejos de democratizar el desarrollo, termina reproduciendo desigualdades históricas, debilitando el control comunitario del territorio y profundizando la crisis socioambiental. Además, refuerza la dependencia estructural del país con respecto al capital global y sus dinámicas de acumulación.
Los “polos de desarrollo”, en este sentido, son un claro ejemplo de cómo las políticas públicas pueden mantener una retórica de inclusión, mientras en la práctica operan bajo los mismos principios que han guiado el despojo territorial desde hace décadas.
Entonces, ¿es neoliberal este modelo? Técnicamente, sí. Comparte múltiples elementos con las políticas neoliberales: inserción en cadenas globales de valor, promoción de inversión extranjera, prioridad al crecimiento económico como motor del desarrollo y una visión tecnocrática del territorio.
Eso sí, no es neoliberalismo en su versión clásica. Aquí el Estado no desaparece, sino que se vuelve el facilitador activo del capital, operando bajo una narrativa de justicia social que, sin embargo, rara vez se traduce en transformaciones estructurales para las comunidades.
Aunque los PODEBI se presenten como herramientas para reducir la desigualdad y generar bienestar, su estructura de fondo —basada en grandes capitales, despojo institucional y extractivismo ambiental— se asemeja más a los esquemas neoliberales de los años 90 que a una verdadera transformación progresista.
La retórica del “bienestar compartido” no basta para ocultar una lógica de acumulación que subordina pueblos, territorios y ecosistemas a los intereses de un modelo económico excluyente. Como advierte Svampa, sin una ruptura real con este paradigma, el discurso social no será más que una máscara del viejo despojo, ahora con rostro progresista.
“Polos de Desarrollo para el Bienestar”, el discurso social, con proyecto neoliberal
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
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