La Contraloría Nacional Autónoma del Agua se pronunció a favor de una Ley General de Aguas (LGA) que reemplace la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN).
Contraloría Nacional Autónoma del Agua exige respeto a los pueblos originarios y una Ley General de Aguas
Por: en15dias.com / Con información de Contraloría Nacional
marzo 2025
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua se pronunció a favor de una Ley General de Aguas (LGA) que reemplace la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN).
“En cumplimiento al mandato constitucional de contar con una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, con participación ciudadana y gubernamental”, señaló en un comunicado.
Destacaron que en la ley se deben establecer los “mecanismos de planeación colaborativa en cada cuenca y acuífero del país, para corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la violación sistemática de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios del agua, problemáticas que ha permitido y propiciado la Ley de Aguas Nacionales”.
La contraloría nacional “celebró” el reciente anuncio del director de la Conagua, Efraín Morales López, respecto a la identificación de 7 mil concesiones irregulares.
“Consideramos que la información entregada por las contralorías a las oficinas regionales de la Conagua, el 26 noviembre de 2024, pudo y podrá ser de gran utilidad en la documentación de las mismas. Hemos solicitado vía transparencia, la lista de estas concesiones, para apoyar información adicional para su corrección o extinción, y monitorear los avances al respecto”.
DERECHO DE PUEBLOS ORIGINARIOS
En un comunicado se destacó que “la importancia de las reformas al Artículo 2 Constitucional, el cual sienta las bases para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a recuperar y gestionar las aguas que corresponden a sus territorios y sirven como la base de sus culturas, su sustento y sus modos de vida”.
“Consideramos que la reforma debe garantizar que cualquier reforma a la normativa hídrica, que afecte el derecho al agua de las comunidades indígenas, debe ser consultada en un proceso parlamentario abierto a las aportaciones y sugerencias de dichas comunidades y pueblos originarios”.
Asimismo señalaron que deben ser reconocidos los sistemas comunitarios de agua (SCA) como sujetos de derecho público autónomos.
“Este reconocimiento jurídico que convertiría a los SCA en autoridades del agua con posibilidades vinculantes para poder incidir en la creación o modificación de los planes de desarrollo urbano y los programas de Ordenamiento territorial Ecológico, además de poder acceder a recursos públicos”.
“De esta manera los municipios y sus organismos operadores de agua dejarían de privilegiar los grandes intereses económicos por encima de las necesidades de las localidades rurales y colonias mal atendidas en la satisfacción de sus necesidades”, destacó la Contraloría Nacional.
Cuestionaron “cualquier intento de extraer volúmenes de agua de territorios indígenas y de comunidades rurales para llevarlas a ciudades que todavía no han logrado un uso eficiente del agua”.
“Exigimos el respeto a la autonomía de los Comités de Agua y/o Sistemas Locales en término de sus usos y costumbres, así como apoyo financiero y técnico para fortalecer su funcionamiento en interés de las comunidades y que además que desde la CFE haya un trato especial y diferenciado a estas instancias dado el servicio de interés público que se ofrece”.
CHECA EL COMUNICADO COMPLETO
Esto te puede interesar
A 12 años de Ayotzinapa, redes de funerarias, autoridades judiciales y detenciones
A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la investigación ha sumado detenciones, cateos y nuevas líneas sobre la colusión de funerarias y autoridades locales, aunque el paradero de los jóvenes sigue sin esclarecerse. En ese tiempo han fallecido dos madres y seis padres sin saber dónde están sus hijos.
Entre el periodismo y el acoso
La libertad de prensa también implica responsabilidad. Verificar datos, documentar relaciones de interés público y distinguir investigación de acoso son tareas centrales del periodismo. Andrés A. Solís analiza el caso de TV Azteca y los límites de perseguir a un particular para obtener una declaración.
Alicia Bárcena plantea registro de infractores y mayor presupuesto para vigilancia ambiental
Alicia Bárcena informó que se analiza crear un registro de infractores ambientales para evitar la repetición de daños. Durante las audiencias sobre la nueva legislación ambiental, también señaló que el sector tendría un aumento presupuestal de 8.7%, aunque los recursos serían insuficientes.






