Noviembre de 2025 fue un mes atravesado por la violencia, el despojo y la simulación institucional. Desde asesinatos políticos y ataques a ambientalistas hasta la disputa por el agua, el territorio y la justicia, el periodo confirmó que la crisis en Michoacán no es coyuntural, sino estructural.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en noviembre de 2025?
A principios de noviembre, el asesinato de Carlos Manzo cimbró al estado de Michoacán.
Días después, la izquierda social volvió a tomar las calles en Morelia para denunciar la violencia, el control partidista y la simulación institucional, con ello quedó claro que la organización desde abajo sigue siendo el principal contrapeso frente a un sistema político más atento a la gestión del poder que a la justicia social.
La violencia territorial mostró su rostro más crudo en Madero y Uruapan. Los ataques armados contra ambientalistas revelaron un escenario donde crimen organizado, autoridades locales y negocios extractivos se superponen, convirtiendo la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo.
El relevo en la alcaldía de Uruapan, tras el asesinato del presidente municipal, evidenció cómo la gobernabilidad local se redefine bajo presión criminal, sin que se altere el modelo extractivo que alimenta el conflicto.
El agua y el territorio fueron otros campos de disputa. La discusión de la nueva Ley de Aguas y el avance de la tecnificación agrícola exhibieron un mismo dilema: centralización y eficiencia técnica frente a autonomía comunitaria y justicia hídrica.
En paralelo, el desarrollismo insistió en su ruta conocida: carreteras, minería “verde”, expansión agroindustrial y tratados comerciales que siguen privilegiando al capital. El greenwashing minero, la revisión del T-MEC sin voces territoriales y la brecha entre promesas climáticas y realidad material confirmaron que el poder sigue operando contra la vida. La semana cerró con una certeza incómoda: sin cambios estructurales, la crisis ambiental y social no se administra, se profundiza.
La segunda semana de noviembre el Plan Michoacán se presentó como una apuesta por la pacificación y el desarrollo, pero su arranque estuvo marcado por reacomodos políticos, despliegues federales y un empresariado más atento a las oportunidades de negocio que a la reconstrucción del tejido social. La seguridad se reconfigura en los mandos, pero sin tocar las redes económicas y políticas que sostienen la violencia.
En los territorios, la crisis se agudizó. Defensores ambientales perseguidos, desplazados y obligados a huir al monte confirmaron que proteger bosques y agua sigue siendo una actividad de alto riesgo. El testimonio desde la sierra al sur de Morelia expuso la ausencia del Estado frente al avance criminal, mientras comunidades completas enfrentan despojo, amenazas y abandono institucional.
El modelo extractivo mostró nuevas capas de presión. El aumento de tarifas eléctricas al campo, la eliminación de aranceles al aguacate y la falta de regulación efectiva profundizan la sobreexplotación de acuíferos y bosques. Al mismo tiempo, la Conagua presume avances del Plan Integral del Edomex, mientras Michoacán permanece en la inercia, sin una política hídrica que transforme la gobernanza del agua.
En el plano global, la COP30 repitió exclusiones históricas al hablar de la Amazonía sin los pueblos indígenas, mientras Michoacán presentó plataformas y certificaciones que corren el riesgo de convertirse en greenwashing. La advertencia de la ONU sobre una posible hambruna en 16 países cerró la semana con una certeza incómoda: el modelo agroalimentario, climático y económico está roto, y las soluciones cosméticas ya no alcanzan para ocultarlo.
La terecera semana estuvo atravesada por la tensión entre conservación discursiva y presiones estructurales sobre el territorio. La apertura de la temporada de la mariposa monarca volvió a exhibir un ritual conocido: ceremonias oficiales, llamados a la protección y promesas de sustentabilidad, frente a una realidad donde la supervivencia del fenómeno migratorio descansa principalmente en el trabajo de ejidos y comunidades que defienden los bosques de oyamel ante tala, expansión agrícola y turismo mal regulado.
En materia hídrica, el contraste fue evidente. Mientras el gobierno estatal presume avances en la rehabilitación del Río Lerma en La Piedad, la contaminación histórica persiste sin una confrontación real a las industrias y sistemas municipales que descargan residuos.
Al mismo tiempo, las audiencias públicas sobre la nueva Ley General de Aguas reactivaron un debate de fondo: quién controla el agua en México. El reclamo social apunta a terminar con concesiones opacas y a garantizar participación comunitaria en un contexto de crisis hídrica cada vez más severa.
El reordenamiento territorial apareció con fuerza en Uruapan, donde los polos económicos y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia delinean una estrategia que combina seguridad, inversión y extractivismo.
Bajo la narrativa de pacificación, se perfila una reorganización del territorio orientada a monocultivos, corredores productivos y protección de inversiones, más que a la defensa de comunidades, bosques y acuíferos. La militarización, una vez más, se presenta como condición para habilitar el negocio.
En el plano nacional e internacional, la COP30 volvió a mostrar las contradicciones del discurso climático. México presentó compromisos más ambiciosos mientras enfrenta señalamientos por proyectos extractivos y energéticos; y la minería, de la mano de CAMIMEX, insistió en la vieja receta de “desarrollo” basada en exploración intensiva y flexibilización regulatoria.
En la cuarta semana, mientras el gobierno estatal y el municipal celebran proyectos como una nueva planta potabilizadora para Morelia, el deterioro de las microcuencas, la pérdida de cobertura forestal y la sobreexplotación del acuífero Morelia-Queréndaro permanecen fuera de la discusión pública. La política del agua sigue tratándose como un asunto técnico, sin cuestionar el modelo urbano e inmobiliario que agota las fuentes que sostienen a la ciudad.
En paralelo, el Segundo Encuentro Nacional de Autoridades Ambientales exhibió la brecha entre discurso y realidad institucional. Conceptos como justicia ambiental, restauración y conocimiento indígena se repitieron en boletines oficiales, mientras las secretarías ambientales continúan operando como ventanillas de permisos para proyectos extractivos. Los nombramientos políticos, la falta de presupuesto y la ausencia de capacidad técnica refuerzan una simulación ambiental que legitima el despojo territorial en lugar de enfrentarlo.
La semana también estuvo marcada por el cierre del ciclo de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, una salida disfrazada de renuncia que dejó al descubierto la fragilidad de la autonomía institucional.
Su gestión simbolizó una justicia selectiva, utilizada para venganzas personales y protección de intereses del poder, mientras los grandes casos de corrupción permanecieron impunes. La remoción negociada confirmó que el problema no es solo el personaje, sino un sistema que premia la lealtad política sobre la justicia.
Finalmente, los conflictos por el agua en las colonias del sur de Morelia, el abandono de 1,500 ejidos y el avance de corredores agroexportadores y logísticos delinearon un mismo patrón: despojo hídrico y territorial como base del modelo de desarrollo.
ANUARIO 2025
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