en15dias.com presenta una serie de textos que analizan el modelo aguacatero en Michoacán, su expansión en las últimas décadas y las tensiones entre impacto ambiental, regulación y mercado global, abriendo el debate sobre los límites y el futuro de la agroexportación. / Modelo aguacatero: ¿presión ambiental o comercial?
En los últimos 50 años, la expansión del cultivo de aguacate en Michoacán pasó de 12,909 hectáreas en 1974 a 266,109 en 2024, impulsada por la apertura del mercado internacional, especialmente de Estados Unidos.
Este crecimiento, que se aceleró de forma notable a partir de los años 2000, transformó el uso del suelo: de una expansión inicial sobre áreas agrícolas, se transitó hacia la ocupación sistemática de zonas forestales, con impactos ambientales acumulativos.
Estudios académicos documentan que esta expansión ha generado deforestación, pérdida de biodiversidad, presión sobre los recursos hídricos y contaminación por agroquímicos, además de efectos en la salud de las comunidades cercanas.
A estos impactos se suman factores estructurales como la falta de regulación efectiva, la debilidad en la protección de los bosques y la creciente presencia del crimen organizado en distintas etapas de la cadena productiva.
El proceso se vincula con decisiones de política pública desde la década de 1990, cuando la apertura comercial derivada del TLCAN permitió el acceso del aguacate michoacano al mercado estadounidense sin que se establecieran mecanismos ambientales suficientes.
Durante los siguientes gobiernos estatales y federales, el impulso a la exportación superó la capacidad de regulación, en un contexto donde incluso se documentaron periodos de deforestación sin permisos legales.
Entre 2008 y 2012 se registró el pico más alto de pérdida forestal, coincidiendo con la consolidación del modelo exportador. Aunque en años posteriores se reconoció el problema y se generaron diagnósticos oficiales, la expansión continuó, acompañada por vacíos normativos —como la derogación de instrumentos legales clave— y limitaciones institucionales para controlar el cambio de uso de suelo.
A partir de 2020, con la entrada en vigor del T-MEC y nuevas políticas estatales y federales, se han implementado mecanismos de certificación ambiental, monitoreo satelital y control de trazabilidad para vincular la exportación con el cumplimiento de criterios ecológicos y laborales.
Estas medidas incluyen restricciones a huertas ilegales, sistemas de vigilancia como Guardián Forestal y procesos para establecer una indicación geográfica del producto.
Sin embargo, los datos de procuración de justicia muestran rezagos significativos: entre 2018 y 2026 se iniciaron más de 2,000 investigaciones por delitos ambientales en Michoacán, pero solo 8 han derivado en sentencia.
La mayoría de los casos permanece en trámite y no existe un desglose específico que permita vincularlos directamente con el cambio ilegal de uso de suelo, lo que evidencia los límites institucionales frente a la magnitud del fenómeno.
