Científicos, toxicólogos y pueblos originarios advirtieron en la UNAM que el fracking representa una amenaza para el agua, la salud y la supervivencia cultural de comunidades indígenas. Denuncian que la llamada “fracturación sustentable” encubre un nuevo ciclo de extracción y despojo territorial.
La microcuenca de Lagunillas sostiene parte del abastecimiento de agua de Morelia y alimenta la cuenca de Cuitzeo. Estudios advierten que la erosión, el cambio de uso de suelo y la pérdida de cobertura vegetal están debilitando su capacidad de regular el agua y retener suelo.
El Artículo 170 de la LGEEPA permite a PROFEPA clausurar obras y actividades que representen riesgo ambiental. En Michoacán, donde incendios, cambios de uso de suelo y expansión agrícola avanzan más rápido que la vigilancia, la prevención legal suele llegar cuando el daño ya ocurrió.
Entre incendios forestales, megaproyectos energéticos, conflictos ambientales y tensiones en la agroexportación, Michoacán y México viven una semana marcada por disputas territoriales, presión sobre los bosques y discursos oficiales que prometen desarrollo mientras crecen las alertas ecológicas.
Comunidades indígenas del oriente de Michoacán lanzaron un ultimátum a la CFE y al gobierno estatal tras denunciar seis años de omisiones y una “estrategia de retraso y evasión” frente a la crisis ambiental y de salud vinculada a la planta geotérmica Los Azufres.
En doce días, APEAM pasó de calificar a Guardián Forestal como «extorsivo e inconstitucional» a reconocerlo como un instrumento «útil y voluntario». Dos comunicados firmados de forma distinta cuentan la historia de ese giro.
La expansión del aguacate en Michoacán no responde a un solo actor, sino a una cadena de decisiones públicas acumuladas durante tres décadas. Este reportaje documenta, periodo por periodo, a los funcionarios e instituciones que regularon —o no— el cambio de uso de suelo forestal.
Comunidades indígenas de Michoacán, articuladas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, denunciaron la degradación ambiental provocada por la expansión aguacatera y exigieron a la industria asumir responsabilidad en su cadena de suministro, en medio de nuevas reglas, conflictos y tensiones en el sector.
Colectivos y organizaciones sociales en Morelia tomaron un inmueble público y lo rebautizaron como “Lo Común”, en protesta por la posible venta de bienes estatales. La acción busca visibilizar la exigencia de transparencia, contraloría ciudadana y defensa del patrimonio público.
