Los pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, participantes en el Congreso Nacional Indígena, han interpuesto 17 amparos en contra del acuerdo del presidente de la república que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.
En un comunicado señalaron que el objetivo del acuerdo «es que las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución, pasando por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias.
La mañana de este lunes 10 de diciembre se realizó una conferencia de prensa:
CHECA: ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
Las comunidades destacaron que “además de violentar los derechos de nuestros pueblos, tienen la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los grandes megaproyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos”.
Destacaron que esto posibilita “un mayor despojo de nuestros pueblos mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales.”
“A pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables”, se destaca.
En contraste con esta actitud omisa y cómplice de muchos jueces, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial.
Con esta suspensión el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”.
Contra el «Acuerdo Presidencial», nuestra lucha es por la vida
Señalaron, que el gobierno de México “tendrá las facilidades para proteger el negocio propio y el del gran capital que quiere seguir despojando los territorios de la Nación y sus pueblos, teniendo las armas y las facultades para usarlas en contra de los pueblos indígenas, campesinos y de las ciudades que se opongan, usando torcidamente los argumentos del “Interés Público” y la “Seguridad Nacional”, lo que de por sí vienen haciendo con o sin acuerdo presidencia”.
Llamaron a “los pueblos de México y de las geografías rebeldes en el mundo a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte y a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial ante la decisión de nuestros pueblos por defender sus derechos y sus territorios”.
CHECA EL COMUNICADO COMPLETO:
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