En Morelia, como en la ciudad de México, existe una especie de cártel inmobiliario que destruye zonas de valor forestal con ayuda del gobierno estatal y municipal.
Se caracteriza por un modus operandi que va, desde la modificación de leyes y programas de desarrollo urbano, pasando por la aprobación de cambio de uso de suelo de zonas forestales a urbanizables sin autorizaciones federales, así como Manifestaciones de Impacto Ambiental y retribuciones ambientales a modo hasta la omisión, falta de transparencia y colusión de autoridades federales, estatales y municipales con empresarios inmobiliarios.
Integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma caracterizaron lo que es el modus operandi de los fraccionadores de Morelia, calificando estas acciones como de un “cártel inmobiliario”.
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Opera “cártel inmobiliario” en el sur de Morelia: Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com / julio 2023
En Morelia, como en la ciudad de México, existe una especie de cártel inmobiliario que destruye zonas de valor forestal con ayuda del gobierno estatal y municipal.
Se caracteriza por un modus operandi que va, desde la modificación de leyes y programas de desarrollo urbano, pasando por la aprobación de cambio de uso de suelo de zonas forestales a urbanizables sin autorizaciones federales, así como Manifestaciones de Impacto Ambiental y retribuciones ambientales a modo hasta la omisión, falta de transparencia y colusión de autoridades federales, estatales y municipales con empresarios inmobiliarios.
Para Moctezuma Madrigal y Luis Juárez, voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, es claro que este modus operandi actúa como un cártel, el cártel inmobiliario de Morelia.
Opera “cártel inmobiliario” en el sur de Morelia: Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma
Pero ¿Cómo actúa este cártel inmobiliario en Morelia?
Para calificarlo como “cártel inmobiliario”, los integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma describen y caracterizan una serie de acciones y políticas que han realizado los gobiernos estatales y municipales que, por más de dos décadas, han beneficiado a desarrolladores inmobiliarios, en específico a Francisco Medina, dueño de Grupo Altozano, quien administra varios desarrollos inmobiliarios en nueve ciudades de México.
Destacan, principalmente, las acciones coordinadas de autoridades del gobierno de Michoacán y del Ayuntamiento de Morelia para beneficiar a estos empresarios, con vías de comunicación para sus desarrollos inmobiliarios, permisos de obra en zonas de importancia ecológica y aprobación de pozos de agua para operarlos.
Integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma señalaron que, “durante las últimas décadas, el Gobierno del Estado y el gobierno municipal han omitido la protección de los decretos de veda del Río Chiquito y la cuenca del Río Grande que en conjunto protegen más de 60.000 hectáreas”.
EVIDENCIA 1: AUTORIZAN CAMBIO
DE USO DE SUELO EN ZONAS FORESTALES
La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán autorizó la Manifestación de Impacto ambiental en terrenos forestales, violando los artículos 28 y artículo 32 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cuál da atribuciones exclusivas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar Manifestaciones de Impacto Ambiental para fraccionamientos en suelos forestales.
El Artículo 28 de la ley señala las atribuciones que tiene la Semarnat en cuanto a la expedición de Manifestaciones de Impacto Ambiental.
En la fracción VII, se señala que los “cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas” “requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría”.
El artículo 32 señala que “en el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 28 de esta Ley, las autoridades competentes de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán presentar dichos planes o programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que en materia de impacto ambiental corresponda”.
Pero ¿Esta zona es suelo forestal? Sí.
Hay varias evidencias documentales que determinan que esta zona es “suelo forestal”. El primero son los datos del Sistema Nacional de Gestión y Forestal de la Comisión Nacional Forestal que determina que este lugar es un polígono forestal.
El segundo, es la verificación realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizada en septiembre de 2022, donde los dueños de Bosque Monarca, “manifiestan no contar con permiso de aprovechamiento forestal maderable vigente autorizado ni autorización de cambio de usos de suelo emitido por la Semarnat”.
El tercer documento, es la respuesta que realizó la Profepa a solicitud de información de en15dias.com acerca del estatus del predio. Donde se señala lo mismo reportado en la verificación de septiembre.
A pesar de esto, el 16 de marzo de 2022, mediante el oficio con número SEMACCDET-OS-0327/2022, la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán expidió la “Autorización en Manifestación de Impacto Ambiental” para la construcción del proyecto para un “Fraccionamiento Habitacional Tipo Medio y Residencial, denominado oficialmente Bosque Monarca, 12ª Rectificación” donde se edificarán 912 viviendas en 45 hectáreas.
Para integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, la Secretaría de Medio Ambiente se “excede en sus atribuciones porque la Semarnat tiene la exclusividad de autorizar cambio de usos de suelo y Manifestaciones de Impacto Ambiental en terrenos forestales”, apuntó Luis Juárez, durante la conferencia de prensa de este 6 de julio de 2023.
La autorización de Impacto Ambiental entregada por la Secretaría de Medio Ambiente, fue aprovechada por el empresario Francisco Medina para comenzar las obras de remoción de la vegetación y despalme, limpieza, trazo y nivelación en las 45 hectáreas.
Estas son fotografías realizadas por ambientalistas e integrantes del Consejo Estatal de Ecología, acerca de los daños a la zona forestal que se encuentra al sur de la ciudad de Morelia.
La Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán sostiene su argumentación de competencia, para tramitar la autorización (a pesar de ser suelo forestal), en el Capítulo III referente a la “Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental”, de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán De Ocampo, aprobada por el gobierno de Silvano Aureoles.
En el artículo 78, se señala que “corresponde a la Secretaría, evaluar el impacto ambiental (…) tratándose de las siguientes obras y actividades (…), en su fracción VIII se señala las obras de “Fraccionamientos, conjuntos habitacionales y nuevos centros de población(…)”.
Sin embargo, según la jerarquía de las normas jurídicas en México, las leyes estatales están superditadas a las leyes federales que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, las locales no pueden ser contrarias ni establecidas como prioritarias ante las federales.
Antes estos hechos, integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma presentaron una “denuncia popular contra del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo, al Titular de Presidencia Municipal de Morelia y quienes resulten responsables, por excederse en sus atribuciones, autorizando manifestación de impacto ambiental en suelos forestales de competencia exclusiva de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorgando cambios de uso de suelo en terrenos forestales en contravención a lo dispuesto en diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como en sus repectivos reglamentos”.
Existe una irregularidad más. El 12 de septiembre de 2022, se dió inicio al procedimiento, realizado por la Procuraduría Ambiental de Michoacán, con número de oficio PROAM-DIV-328/2022, y se “clausuró temporalmente total” las obras. Sin embargo, en el Dictamen de Estudio de Daño Ambiental con número de acuerdo PROAM-SCA-0275/2023, se señala que como medidas de compensación de los daños ambientales por la remoción y despalme se hará una restauración de suelos fuera del proyecto.
“Como manera de retribuir los daños al ambiente se hace mención a una restauración de suelos a realizarse en 4 poligonales; las cuales suman una superficie de 5.9 hectáreas en zonas fuera del proyecto inmobiliario (…)”.
EVIDENCIA 2:
EN 20 AÑOS, NINGUNA AUTORIZACIÓN
DE CAMBIO DE USO DE SUELO
En la respuesta a la solicitud de información con número de folio: 330026722000227, realizada por el Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma, la Semarnat, otorga la “Relación de autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales en Michoacán realizadas en 2000 a 2021”.
En ella se establece que no ha habido en 20 años, ninguna solicitud de cambio de uso de suelo dentro de los polígonos que corresponden a las obras de Bosque Monarca, ni siquiera a las correspondientes a los fraccionamientos de Grupo Altozano.
A pesar de esto, el empresario Francisco Medina ha construido su emporio inmobiliario sin ningún permiso desde que inicio su contrucción en 2006-2007.
No es la primera vez que el empresario inmobiliario actúa en la impunidad y con ayuda de las autoridades estatales y municipales.
El 12 de febrero de 2007, se expidió la “Resolución en Materia de Impacto Ambiental” para la construcción de “Residencial Bosque Monarca”, donde se acredita que “se inició la construcción sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental que otorga esta Secretaría, quién es la autorizada para dictar las condicionantes que deben sujetarse las obras y actividades…”.
A pesar de esto, la empresa inmobiliaria construyó 10 ampliaciones más de fraccionamientos en el mismo polígono.
EVIDENCIA 3: MODIFICACIONES AL
PLAN DE DESARROLLO URBANO
En marzo de 2023, el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma denunció que las modificaciones al Programa Municipal de Desarrollo Urbano, declaran, ilegalmente, zonas urbanas o urbanizables superficies protegidas por decreto de Veda Forestal, en suelos forestales careciendo del cambio de uso de suelo, y en regiones con vulnerabilidades geológicas.
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Sin embargo, no se tomaron en cuenta las distintas opiniones técnicas de especialistas y movimientos ambientales acerca de las irrergularidades en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 2022-2041 (PMDU)”, por parte del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de Morelia (IMPLAN).
“Durante el proceso de consulta, presentamos distintas observaciones que no fueron atendidas por la autoridad municipal”.
Afirmaron que el PMDU aprobado por el IMPLAN “responde a los intereses de las empresas inmobiliarias y no a solventar los derechos a un ambiente sano, a la vivienda y al agua”, señalaron en conferencia de prensa este 6 de julio de 2023.
Informaron que ya se presentó una impugnación contra la Resolución Administrativa que les entregaron (RA-IMPLAN-234- 2023//CP-PMDU-234).
“Y agotaremos todas las instancias para evitar su aplicación y con ello lograr que no se ponga en marcha la política ecocida de Alfonso Martínez”.
Algunos cambios al Programa de Desarrollo Urbano Estas irregularidades presentadas por el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma son observaciones presentadas al Implan para su análisis y modificación:
• Los terrenos baldíos son declarados como urbanos, con ello se oculta la expansión de las superficies urbanizables.
• Declara urbanizable una superficie donde existen denuncias por delitos ambientales interpuestas ante la PROAM y PROFEPA en una zona aledaña al fraccionamiento Montaña Monarca.
La amenaza a los polígonos de Río Chiquito y Polígono del Río grande Integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma presentaron una serie de mapas donde sustentan sus dichos y ponen las evidencias de una posible colusión con los intereses inmobiliarios de la ciudad de Morelia.
MAPA 1 y 2
Este mapa (1, izquierda) se presentan las Áreas Naturales Protegidas más importantes de la ciudad de Morelia (en amarillo). Están sobrepuestas sobre el mapa de corrientes de agua que nutren al municipio de Morelia. Se observan una gran cantidad de corrientes de agua, de arroyos, de manantiales en la cuenca del Río Chiquito y del Río Grande.
En el mapa (2, derecha) se puede observar, esa misma zona, en donde hay desarrollo urbano que se está impulsando en los dos polígonos que corresponden a los decretos de veda de forestal; el más chico corresponde al río Chiquito y el más grande al del Río Grande.
Dentro de los polígonos están autorizando zonas urbanas o urbanizables. Uno de los problemas más graves es que el gobierno del Estado aún no admitido la existencia de estos decretos de veda.
Favorecen a empresarios inmobiliarios
En septiembre se presentaron denuncias ante Proam y Profepa sobre la deforestación en las zonas aledañas al fraccionamiento Montaña Monarca. El polígono de contorno negro muestra el área que se pretende fraccionar y la zona en color naranja muestra que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) ya la está declarando como urbanizable. Es decir, esta zona de bosque, denunciada por delitos ambientales, ya la están declarando como urbanizable.
Buscan cambio de uso de suelo en zonas boscosas
Los polígonos muestran los suelos boscosos que están reconocidos por la Comisión Nacional Forestal y dentro de esta de esta zona, se observa que el implan declara zonas como urbanas y urbanizables. Cabe señalar que sólo la Semarnat puede autorizar cambios de uso de suelo forestal.
Fallas geológicas dentro de zonas del proyecto de obras
El trazo en negro es el nuevo libramiento. Es el último trazo que se presentó a finales de diciembre y aparecen también ahí la propuesta de las presas. Se ha sobrepuesto sobre las vulnerabilidades (trazos en rojo), que corresponden a fallas geológicas.
EVIDENCIA 4: PRIVATIZACIÓN DE LA
CONSERVACIÓN DE LA MICROCUENCA
El 19 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán firmó un “Convenio marco de coordinación y colaboración” con organizaciones civiles y la Universidad Vasco de Quiroga con “el objetivo de establecer las bases para dar seguimiento y cumplimiento al objeto del Decreto de creación de la Zona de Restauración y Protección Ambiental la Loma de Santa María y depresiones Aledañas, y del Plan de Restauración y Protección Ambiental de la Zona de Restauración y Protección Ambiental La Loma de Santa María y Depresiones Aledañas”.
en15dias.com reveló el contenido del contrato y el modus operandi de los empresarios quienes realizaron su redacción.
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El 18 de mayo de 2023, un día antes de la firma del convenio de colaboración, en15dias.com recibió la invitación a la conferencia de prensa. En ella se invitaba a un “importante acontecimiento a favor del medio ambiente en Morelia”, en el cuál, según el cartel que se envío, sería para la “Firma del convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno del Estado y organizaciones civiles”.
A pesar de que el convenio sería firmado sólo por el Club Campestre, la Universidad Vasco de Quiroga, El Ayuntamiento de Morelia, la Secretaría de Medio Ambiente y Procuraduría Ambiental de Michoacán y las organizaciones civiles “Dale Vida Morelia” y “Sepamich”, el cartel traía los logos de empresas que han sido cuestionadas y sancionadas por el propio Gobierno del Estado por destruir parte de los bosques de la ciudad, como Grupo Altozano.
en15dias.com pudo confirmar con Kale Santana, quien realiza el trabajo de comunicación para el Club Campestre en este tema y que pertenece a los Rotarios de Morelia, que “todos los que están en el cartel que se publicó son los que convocaron”.
Algunos de los integrantes del Consejo Estatal de Consejo Estatal de Ecología cuestionaron la participación del Coeeco sin la aprobación de la asamblea y reprocharon a quien encabeza la secretaría de Medio Ambiente, el notario público con licencia, Alejandro Méndez López, no haber aclarado el convenio ante el Consejo.
Para integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, “es fiel a la política silvanista (la cual incorporó a la ley ambiental la posibilidad que entes privados puedan administrar las ANP).
En su artículo 78, del título tercero “De la de la conservación del patrimonio natural y patrimonio ambiental del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural y Patrimonio Ambiental se determina que “con el propósito de preservar el patrimonio ambiental del Estado, la Secretaría podrá celebrar acuerdos de concertación con propietarios, poseedores, ejidatarios, comunidades indígenas, Ayuntamientos, grupos sociales y particulares interesados”.
Ante esto, en conferencia de prensa, el Movimiento Ciudadano pregunta: “¿Por qué el secretario Alejandro Méndez firmó este convenio? ¿Por qué la Secretaría no asume su responsabilidad en la protección de la Loma y en la aplicación de su plan de manejo? ¿Por qué incorporan en la protección del ANP a uno de sus principales devastadores?”.
Señalaron a autoridades de la UVAQ y a empresarios del Grupo Altozano de simular proteger La Loma. “Son los mismos que 2014, en una rueda de prensa de escuelas privadas encabezadas por el rector firmante, urgieron la construcción del ramal camelinas”.
“Lo cierto es que durante las últimas décadas, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal han omitido la protección de los decretos de veda de la cuenca del Río Chiquito y la cuenca del Río Grande, que en conjunto protegen 61,690.10 hctáreas”, destacaron.
CONCLUSIÓN: SÍ HAY UN CÁRTEL INMOBILIARIO EN MORELIA
Para el movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma estrategia de expansión urbana en la microcuenca del Río Chiquito y cuenca del Río Grande, afectaría el abasto de agua y generaría una crisis en la ciudad de Morelia.
“En nuestro estado, se han coludido el gobierno del estado de Michoacán con la alcaldía de Morelia para favorecer los intereses del capital inmobiliario y agroindustrial, a través de la expansión urbana y construcción de megaproyectos viales e hidráulicos en detrimento de las áreas naturales protegidas y las zonas forestales”.
Para Luis Juárez y Moctezuma Madrigal, sí se puede calificar de “Cártel inmobiliario” lo que ocurre con los fraccionadores en Morelia. “Estamos viendo una acción coordinada de los dos niveles de gobierno, tanto del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento”, señala en entrevista Luis Juárez.
“Por un lado, el Gobierno del Estado pues autorizando manifestaciones de impacto ambiental que benefician al fraccionamiento Bosques Monarca cuando la ley no le da ese tipo de atribuciones, o sea, cuando se trata de suelos forestales sólo la Semarnat puede autorizar manifestaciones de impacto ambiental y eso ha llevado a que el fraccionador, digamos amparado en esto en este supuesto documento, en esta supuesta autorización, haya deforestado una zona importante. Entonces, estamos viendo esa actuación.
Por otro lado, vemos cómo es el Ayuntamiento, a través de la aprobación del Plan Municipal desarrollo urbano también está declarando como urbanizable la misma zona donde se hace esta deforestación, entonces estamos viendo una actuación concertada de tanto del gobierno del estado del gobierno municipal y del fraccionador y esto lo hemos estado viendo desde hace años, entonces no es nuevo”.
Madrigal señala que en el caso moreliano, y seguramente el caso de todas las grandes ciudades del país, funciona igual que el cártel de la ciudad de México.
“Autoridades municipales de distintos colores que han cambiado los programas de desarrollo para organizar la zona sur, que tenía un carácter forestal. La Semarnat no ha autorizado, nunca, desde hace décadas, cambios de uso de suelo forestal, entonces todos los fraccionamientos que estánla zona de la Loma de Santa María son ilegales porque nunca obtuvieron ese cambio, esa modificación. Y si nos extendemos a la parte de la agronegocio, las huertas que están en zonas forestales son ilegales, todas, pero particularmente el tema del cártel inmobiliario moreliano que se resume a políticos presidentes municipales que han adecuado los planes de desarrollo”.
El vocero de movimiento señaló que “estas modificaciones también van construyendo este engranaje que facilita la devastación y la construcción de nuevos fraccionamientos y el Gobierno del Estado qué es, sino el dinero público puesto al servicio de intereses inmobiliarios que no es la avenida Juan Pablo Segundo echa con presupuesto público para favorecer un fraccionador, el ramal Camelinas, la avenida esta que va Tres Marías que no hay casas solamente es una avenida que va a un gran fraccionamiento hecha con dinero público, no con dinero del fraccionador”.
Finalizó señalando que “tres o cuatro grupos de poder de la ciudad de Morelia se han visto favorecidos con permisos como autorizaciones con hacerse de la vista gorda cuando los ciudadanos han denunciado y no les ha pasado nada ni una multa, pues entonces ¿qué es eso, sino, un cártel?”.
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