El quinto informe de Alfredo Ramírez Bedolla destaca avances en vigilancia forestal, áreas protegidas y recuperación de cuerpos de agua. Sin embargo, los datos sobre expansión aguacatera, pérdida forestal, justicia ambiental y presión sobre las cuencas muestran que el deterioro del territorio continúa y obligan a revisar qué tan efectivos han sido esos resultados.
La crisis ambiental y sanitaria en el Oriente de Michoacán suma décadas de denuncias contra la operación de Los Azufres. Comunidades indígenas cuestionan a CFE y PROFEPA por la falta de transparencia, inspecciones y resultados ante los posibles impactos de la geotermoeléctrica.
El discurso ambiental de Alicia Bárcena cuestiona al extractivismo, pero en Michoacán la SEMARNAT que encabeza continúa procesando y autorizando cambios de uso de suelo forestal para proyectos inmobiliarios ligados a Altozano y Tres Marías, empresarios también vinculados al Polo Bajío.
Tres conflictos por el agua en el sur de Morelia muestran la distancia entre el derecho reconocido en la Constitución y la realidad: comunidades enfrentan concesiones privadas, pérdida de control sobre sus sistemas, presión inmobiliaria y decisiones institucionales que reconfiguran quién decide sobre el recurso.
La desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade no es un hecho aislado, sino el reflejo de la violencia que enfrentan quienes protegen los bosques y el territorio en México. Su caso evidencia la deuda del Estado con las comunidades que defienden los bienes comunes y exigen justicia.
En redes sociodigitales todos gritan y nadie escucha: la duda repetida sustituye a la evidencia y el insulto viaja más rápido que el argumento. Esta editorial analiza cómo el ruido digital y un periodismo convertido en escudo y lanza del poder amenazan la conversación pública rumbo a Michoacán 2027.
Morelia atraviesa una disputa que va mucho más allá de los cambios de uso de suelo o los desarrollos inmobiliarios. Lo que está en juego es el modelo de ciudad que se construye desde el poder y la posibilidad de imaginar otro basado en la defensa de lo común, el territorio y la democracia.
La venta de inmuebles públicos impulsada por el Gobierno de Michoacán y el aseguramiento del espacio comunitario Lo Común reabrieron una discusión de fondo: ¿el patrimonio del Estado debe convertirse en un activo para financiar obras o priorizar su uso social? Más allá del conflicto jurídico, el caso evidencia la falta de diálogo y transparencia.
El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” se presenta como una estrategia para recuperar la seguridad, pero detrás de la narrativa oficial emerge otra lectura: la reconfiguración de los equilibrios de poder que históricamente han definido el territorio. En este análisis de Uitzume, el perro del lago, se examina cómo recursos públicos, militarización, agroindustria y economías criminales convergen en un modelo donde la disputa por la tierra, el agua y las rutas económicas continúa vigente.